Según denuncian, son 150 personas a los que pretenden realizar "un ERE encubierto y que desembocará en un despido improcedente con una indemnización millonaria a costa del contribuyente".

El trabajador despedido empezó a trabajar en julio de 2015, como consecuencia de una jubilación, y su contratación se mantenía hasta que se crease y se cubriera la plaza reglamentariamente, ya como funcionario. El despido se realizó en septiembre de 2017, cuando se cubrió la plaza. La sentencia obliga a la readmisión en las mismas condiciones anteriores al despido, o a abonar una indemnización de 4.258 euros; y a que abone, en el caso de optarse por la readmisión, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la de notificación de la resolución, en la cuantía diaria de 57,35 euros.

Según las estadísticas que maneja la Junta de Castilla y León, durante el pasado año se produjeron 41 incidentes en hospitales (25) y atención primaria (16) de la provincia de Zamora. Esos 41 incidentes se tradujeron en 62 profesionales agredidos.

Según denuncian, son 150 personas a los que pretenden realizar "un ERE encubierto y que desembocará en un despido improcedente con una indemnización millonaria a costa del contribuyente".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide explicaciones a la Junta de Castilla y León, por la paralización de las concesiones de las jubilaciones parciales del personal laboral, a la que se acogerían unos mil empleados públicos a lo largo de 2018 en la Comunidad, tras cumplir el requisito exigido de tener 61 años y 6 meses.

La concentración será este jueves, 12 de abril, a las 12 horas ante la puerta de los Juzgados de la calle El Riego de Zamora para defender unas retribuciones y condiciones laborales dignas. La concentración es convocada por los sindicatos mayoritarios del sector Justicia, CSIF, STAJ, CCOO y UGT.

La petición viene de parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. La falta de personal de atención en gasolineras vulnera la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Realizadas días atrás contra el sindicato independiente, que ha llevado a la Inspección de Trabajo una denuncia por las deficiencias de los equipos de protección individual del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Benavente.

La Junta de personal docente no universitario promueve, un año más, la matriculación en la escuela pública.

150 laborales indefinidos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente reclaman negociar su continuidad ante la reestructuración de personal que afronta la Junta.

Se trata de una situación que se produce en la provincia de Zamora y por la que preguntará la formación morada en las Cortes.

Serán casi sesenta las plazas ofertadas en Cardiología, Pediatría y Radiodiagnóstico en varios hospitales de Castilla y León. Burgos, León, Valladolid y Salamanca aglutinan la oferta de plazas. Las solitudes podrán realizarse durante los próximos veinte días

La profesional, representada por los Servicios Jurídicos de Satse, reclamaba esa indemnización de 20 días por año trabajado tras haber sido cesada de su puesto en Atención Primaria.

Además insta a los trabajadores sanitarios a exigir la formación gratuita ofertada por la Administración y a promover que los cursos formativos sólo sirvan para el reciclaje y mejora del profesional y no para la obtención de méritos.

En el BOCYL de este miércoles se ha publicado la Resolución de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto por la que se acuerda convocar proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo en la competencia funcional de Personal de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Ante esta situación, Satse Zamora denuncia que los enfermeros/as no pueden controlar de manera óptima a los pacientes ingresados en este servicio, debiendo realizar un control individualizado de cada uno de los monitores que se encuentran en cada box, tarea prácticamente imposible de asumir con la plantilla actual.

El Delegado Territorial comentaba este lunes que se han abierto 40 camas más, 12 en el hospital Virgen de la Concha y 28 en el Hospital Provincial, y se han contratado más de 30 profesionales. 

Una sentencia de la sala de lo Contencioso-administrativo considera un abuso la contratación temporal repetida y un fraude en los términos en que lo describe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Critica que las nuevas medidas tomadas provocarán que se sobrepasen más las cargas de "trabajo asumibles de los Juzgados de Primera Instancia y no habrá servido para la nada la especialización de órganos judiciales, mientras que el Gobierno sigue negándose a tomar medidas para obligar a los bancos a devolver las cantidades cobradas ilegalmente sin que para ello sean necesarias actuaciones judiciales".

Actualmente hay ocho personas dentro de esta categoría de ‘personal’ de confianza que cobra 24.000 euros anuales brutos cada uno.