Comisiones Obreras ha realizado un informe, a partir de datos de la estadística del SEPE, analizando el número de contratos formativos realizados y convertidos en indefinidos entre 2007 y 2017. En este, según informa el sindicato, se demuestra que los contratos en prácticas se realizan principalmente en grandes empresas para ocupaciones relacionadas con las matemáticas, ciencias, tecnologías e ingenierías y cuentan con una presencia femenina inferior a la masculina.
Los contratos de formación, por su parte, se dirigen a cualificar a jóvenes con bajo nivel educativo, aunque en la práctica, según Comisiones Obreras, se utilizan como un contrato barato principalmente en pymes de hostelería y comercio.
El mismo informe, además, analiza la "progresiva precarización del contrato para la formación" tras el Real Decreto 1529/2012 por el que se desarrollan los contratos para la formación y aprendizaje en el que se se elevó a 30 años la edad máxima a la que se podía ser contratado, se eliminó la exigencia de que el contratado tuviera un nivel académico bajo y se permitió el encadenamiento de contratos siempre que no fueran para la misma ocupación.
“Hoy un licenciado puede ser contratado durante una año para ‘aprender’ a ser camarero y luego, ser contratado en la misma empresa, para ‘aprender’ a ser dependiente y más tarde para ‘aprender’ a ser empleado de limpieza. El aprendizaje no es más que una coartada para subvencionar contratos precarios y que las academias privadas ganen dinero”, se queja Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras.
De esta manera, según dicho informe, la evolución del número de contratos entre los años 2007 y 2017 puede dividirse en tres etapas: de 2007 al 2012, hubo aproximadamente 70.000 contratos anuales que se concentraban en el sector de la construcción y las personas contratadas eran jóvenes de menos de 19 años sin titulación académica; en la segunda etapa, de 2013 a 2015, los contratos aumentaron hasta alcanzar un máximo de 174 mil suscritos en 2015; en su mayoría se realizaron en los sectores de comercio y hostelería y se elevó tanto la edad (los menores de 19 pasan a ser sólo el 14%) como el nivel académico de los contratados.
Por último, en 2016 y 2017, descienden por debajo de 50.000 después de que el Gobierno suprimiera la financiación de la formación a distancia tradicional y la no acreditable. “Tras las quejas de CCOO y las denuncias ante la Inspección de Trabajo sobre el carácter fraudulento de este tipo de contrataciones, el Gobierno endureció ligeramente los requisitos, pero sigue sin proporcionar datos sobre los contenidos de los cursos, las academias privadas que gestionan tan abultados recursos económicos, el número de abandonos o las características de su inserción laboral, si es que se inserta”, afirma Lola Santillana.
“Para abordar seriamente la Formación Dual, sea del sistema laboral o del educativo, la duración del contrato no puede ser inferior a la duración de los estudios, los cursos deben ser presenciales, y las empresas deben contar con tutores cualificados. No basta con llamar a algo Formación Dual para que lo sea, pero denominar formación dual del sistema laboral a los contratos para la formación, ha permitido al gobierno inflar las estadísticas que presenta en foros internacionales”, concluye la responsable de Empleo y Cualificación profesional de CCOO.
Ante estos hechos, según dice, "cada día que pasa se hace más urgente modificar el marco normativo para garantizar que estos contratos cumplen, al menos, con un objetivo formativo y de cualificación. CCOO llama a la personas con contrato para la formación a denunciar las situaciones de fraude".
CC.OO. critica que los contratos en prácticas son "una coartada para subvencionar contratos precarios"
Un informe realizado por el sindicato muestra que en 2017 casi la mitad de las trabajadoras y trabajadores con contratos para la formación y el aprendizaje ocuparon puestos de camareros, dependientes de pequeño comercio, peones y limpiadores. En los últimos cinco años, las bonificaciones a estos contratos, con tasas de inserción que rondan el 3%, han supuesto un gasto de 1.893 millones de euros. Para la secretaria de Empleo y cualificación profesional de CCOO, Lola Santillana, “esto es un claro ejemplo de la financiación pública de la precariedad laboral”.
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