Comisiones Obreras ha realizado un informe, a partir de datos de la estadística del SEPE, analizando el número de contratos formativos realizados y convertidos en indefinidos entre 2007 y 2017. En este, según informa el sindicato, se demuestra que los contratos en prácticas se realizan principalmente en grandes empresas para ocupaciones relacionadas con las matemáticas, ciencias, tecnologías e ingenierías y cuentan con una presencia femenina inferior a la masculina. Los contratos de formación, por su parte, se dirigen a cualificar a jóvenes con bajo nivel educativo, aunque en la práctica, según Comisiones Obreras, se utilizan como un contrato barato principalmente en pymes de hostelería y comercio.
En este sentido, CCOO subraya que, por cada contrato, el Estado abona mensualmente 214 euros a las academias privadas que imparten los cursos online y entre 60 y 80 euros más a las empresas en concepto de tutoría. En los últimos cinco años, las bonificaciones a estos contratos, con tasas de inserción que rondan el 3%, han supuesto un gasto de 1.893 millones de euros. “Esto es un claro ejemplo de la financiación pública de la precariedad laboral”, expone Santillana.
CCOO argumenta que la evolución de estos contratos entre los años 2007 y 2017 puede dividirse en tres etapas: de 2007 al 2012, hubo aproximadamente 70.000 contratos anuales, que se concentraban en el sector de la construcción y las personas contratadas eran jóvenes de menos de 19 años sin titulación académica.
En la segunda etapa, de 2013 a 2015, los contratos aumentaron hasta alcanzar un máximo de 174.000 en 2015. En su mayoría se realizaron en los sectores de comercio y hostelería y se elevó tanto la edad (los menores de 19 pasan a ser sólo el 14%) como el nivel académico de los contratados.
Por último, en 2016 y 2017, estos contratos descienden por debajo de los 50.000 porque, según destaca CCOO, el Gobierno suprimió la financiación de la formación a distancia tradicional y la no acreditable.
El Estado destina casi 300 euros a cada uno de los contratos de formación
El Gobierno abona mensualmente 214 euros a las academias privadas que imparten los cursos online y entre 60 y 80 euros más a las empresas en concepto de tutoría.
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