La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que están afiliados más de 50.000 profesionales que trabajan en la sanidad pública y es, por tanto, la organización mayoritaria en su sector, considera una tomadura de pelo y brutal discriminación para los facultativos el acuerdo firmado ayer por el Ministerio de Hacienda y los sindicato de la Mesa de la Función Pública (CC.OO, UGT y CSIF) sobre retribuciones de los funcionarios, en virtud del cual se establece un incremento general del 8,8% en tres años, del que sólo un 6,1% se encuentra garantizado, mientras que el resto se hace depender del crecimiento económico y el cumplimiento de los objetivos de déficit.
Los médicos entienden que esto supondrá, en el mejor de los casos, que en 2020 igualarán el salario que cobraban diez años antes (cuando comenzaron los recortes), mientras que en el peor escenario significará estar cinco puntos por debajo de lo que cobraban entonces.
Esto es así, entre otras razones, porque el acuerdo “No contempla compensar a los facultativos por el intenso recorte que sufrieron en su salario base en junio de 2010 (más de 9% frente al 5% de media en el sector público)”, explican desde el sindicato, que añaden: “Da por amortizado lo perdido desde entonces por la congelación de las nóminas”, y finalizan en su enumeración que “una parte sustancial de la subida prevista queda al albur del comportamiento de la economía estatal y autonómica, y en concreto de una variable, como es la del cumplimiento del objetivo de déficit, supervisada por la Unión Europea y en la que España dista de haber sido un alumno disciplinado en los últimos ocho años”. Además, aseguran que no se tiene en cuenta la inflación media anual del 1,53% prevista por el Banco de España para el periodo 2018-2020.
VICTORIAS PÍRRICAS
El resto de supuestas victorias de los sindicatos firmantes en relación con aspectos como la jornada semanal de 35 horas, anulación de la tasa de reposición, percepción del 100% de las retribuciones en situaciones de Incapacidad Temporal o medidas tendentes a la conciliación entre trabajo y vida familiar, “son igualmente muy cuestionables, pues en algunos casos ya estaban vigentes o se trata de concesiones de Hacienda cuya virtualidad práctica queda condicionada por la letra pequeña del acuerdo”.
Así las cosas, CESM lamenta lo firmado, “al ver que lo que hace es cronificar la discriminación salarial de los facultativos iniciada con el Gobierno presidido por Zapatero en 2010 y mantenida -e incluso acentuada- por los que vinieron después”.
POSICIÓN DE C.E.S.M.
La posición de los médicos para restituir los derechos perdidos es muy clara. Requiere, como punto de partida, el abandono de la política de recortes y cambio de la normativa estatal y autonómica en que esos tijeretazos se han basado y pueden seguir haciéndolo en el futuro. Y debe concretarse en los siguientes puntos:
– Derogación del recorte de junio de 2010 y reposición de las retribuciones vigentes hasta el 31 de mayo de ese año, que además deben actualizarse, como mínimo, según el IPC acumulado desde entonces.
-Restitución y pago debidamente actualizado del complemento de Carrera Profesional, que también fue congelado por la mayoría de las CCAA dentro de la política general de recortes.
-Que las guardias médicas se retribuyan como lo que son: jornada extraordinaria. (El colectivo médico es el único en el que la retribución de la jornada extraordinaria, que en su caso es además obligatoria, es inferior a la ordinaria.)
-Reposición incondicional y no sometida a negociación alguna del 100% de las retribuciones en situaciones de IT.
-Derogación de la jornada obligatoria mínima de 37,5 horas semanales. Con devolución de la capacidad de negociación de la jornada laboral a los órganos normativos de los servicios de salud.
-Recuperación de las días y horas de libre disposición.
El sindicato médico CESM, en contra del acuerdo sobre empleados públicos alcanzado con el Gobierno
Asegura que no contempla compensar a los facultativos por el intenso recorte que sufrieron en su salario base en junio de 2010 (más de 9% frente al 5% de media en el sector público).
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