viernes. 20.07.2018 |
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La Junta pretende llevar a las entidades locales su política de responsabilidad social en las contrataciones públicas

La Junta pretende llevar a las entidades locales su política de responsabilidad social en las contrataciones públicas

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado hoy la Jornada ‘Oportunidades de Responsabilidad Social en la Ley de Contratos del Sector Público’, que ha contado con la presencia del ex presidente del Gobierno y presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable, José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante la inauguración de la Jornada ‘Oportunidades de Responsabilidad Social en la Ley de Contratos del Sector Público’, celebrada hoy en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha explicado los principales retos del Ejecutivo autonómico en esta materia, entre los que ha destacado el de aprobar un nuevo Acuerdo en materia de responsabilidad social en la contratación, dirigido a mejorar los porcentajes de reserva, establecer cláusulas obligatorias en todos los contratos, en especial los de servicios, y extender los proyectos de inserción socio-laboral a todos los contratos de obra a partir de una determinada cuantía, a los que se exigirá un mínimo de un 2 % de horas por parte de trabajadores en inserción.

La Junta de Castilla y León tiene previsto firmar un Acuerdo de colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias para facilitar la implantación de estas políticas también por parte de las entidades locales, poniendo en común modelos y pliegos-tipo que faciliten la extensión de estas prácticas.

El presidente de la Junta también ha resaltado la necesidad de trasladar esta filosofía de la contratación administrativa al ámbito de las subvenciones públicas. Para ello, se pretende primar en el acceso a ellas a aquellas empresas que empleen a más personas de colectivos desfavorecidos o apliquen medidas más activas de igualdad y conciliación, así como excluir del acceso a estas subvenciones a las empresas que, por el contrario, hayan sido sancionadas por incumplir sus obligaciones en estas materias.

Dentro del marco del Diálogo Social, Herrera ha recordado que el pasado mes de febrero se firmó un Acuerdo por la calidad del empleo en los contratos de servicios que licite la Junta, mediante el cual se refuerza el carácter social de sus pliegos, promoviendo la contratación de más personas con discapacidad de las que exige la ley, el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la protección de la salud laboral.

En segundo lugar, y también fruto del Diálogo Social, se alcanzó un importante acuerdo en materia de conciliación, por el que se pacta un primer borrador de la futura Ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. Las cláusulas sociales en el ámbito de la igualdad y de la conciliación son una herramienta importante para potenciar estas políticas.

Por este motivo, en esta normativa, que supondrá la primera ley de esta naturaleza que se impulse en España, se plantea la visión de un futuro Sistema Público de Conciliación aplicando la experiencia del Sistema de Atención a la Dependencia, gracias al cual Castilla y León lleva años encabezando el ranking de comunidades que mejor aplican la Ley de Dependencia. Según ha explicado el presidente de la Junta, la clave está en el compromiso con los servicios profesionales, que también debe trasladarse al ámbito de la conciliación. Así, ha puesto de manifiesto la necesidad de poner en marcha en España un sistema de conciliación que cree puestos de trabajo para jóvenes; que ayude a las familias en el momento de mayor dificultad en la crianza de sus hijos; que genere retornos a las arcas públicas; que contribuya a la lucha contra la despoblación y actúe sobre uno de los principales factores de la brecha laboral entre mujeres y hombres.

Herrera ha recordado el amplio consenso político alcanzado en la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que acaba de entrar en vigor y supone “un paso de gigante hacia un sistema de contratación pública más avanzado, moderno y solidario”. Según ha señalado el presidente, teniendo en cuenta que la contratación de las administraciones públicas supone aproximadamente un 20 % del PIB español, la aplicación de políticas de responsabilidad social en este amplio ámbito supone que la Administración estará cumpliendo mejor sus fines y, por tanto, siendo más eficaz y eficiente.

La Junta de Castilla y León, en interacción sobre todo con el Tercer Sector, ha aplicado este enfoque, por ejemplo, ampliando hasta el 10 % la reserva a personas con discapacidad en las ofertas de empleo o promoviendo convocatorias específicas para personas con discapacidad intelectual. Por esta vía, en este mes de abril se darán ya las primeras tomas de posesión de personal laboral fijo.

Este mismo enfoque se aplicó, ya en 2012, a un Acuerdo sobre directrices vinculantes para los órganos de contratación, en el que se fijó una reserva del 6,5 % de los contratos para los Centros Especiales de Empleo, y se introdujo una serie de cláusulas sociales, acordes con la naturaleza de los distintos contratos. Estas medidas se reforzaron en 2016, ampliando aquella reserva a un 6,8 % de los contratos, incluyendo, además de los Centros Especiales de Empleo, las empresas de inserción y estableciendo cláusulas sociales-tipo, para facilitar que los gestores las incorporasen en los pliegos. Así se crea un Banco de Buenas Prácticas.

Según ha destacado el presidente de la Junta, los resultados de todas estas medidas están siendo muy positivos. Así, al cierre de 2017, existían en Castilla y León 209 Centros Especiales de Empleo, con un total de cerca de 5.500 personas con discapacidad trabajando en ellos.

Desde 2012, la Junta de Castilla y León ha reservado a estos centros más de 2.150 contratos, por un importe total de 30,6 millones de euros, y se ha incrementado del 50 al 75 % la financiación pública de los nuevos contratos a las personas con discapacidad más severa por parte de los centros. Además, el 80 % de los contratos adjudicados por la Administración autonómica incorporan ya cláusulas sociales, lo que en 2017 supuso más de 600 millones de euros.

A finales de 2017 se licitó el primer contrato que incorporó un proyecto de inserción socio-laboral: la ampliación y reforma del Hospital de Soria, que contempla la contratación de 14.600 horas de trabajo por personas en situación o riesgo de exclusión.

Todo este conjunto de esfuerzos ha valido el reconocimiento de entidades como el CERMI nacional.

El Foro de la Contratación Socialmente Responsable es una organización nacional sin ánimo de lucro que surgió en 2010 por iniciativa del sector de la discapacidad español (ONCE, CERMI y Feacem) y una serie de grandes empresas privadas con la intención de reunir a administraciones y empresas privadas en el impulso de las cláusulas sociales en la contratación pública y privada para incrementar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.

Es la única iniciativa europea que reúne en un mismo foro entidades públicas y privadas a nivel nacional para impulsar la contratación pública socialmente responsable. Forman parte de este Foro, que preside el ex presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, varios ministerios, tres comunidades autónomas, varios ayuntamientos españoles y numerosas empresas públicas y privadas, así como la mayoría de empresas del IBEX 35. Castilla y León forma parte del Comité de Dirección de este Foro desde diciembre de 2017, con la incorporación de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

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