a Consejería de Sanidad lleva más de diez años abusando de estos profesionales, con peores condiciones que el resto de trabajadores y sometidos a la libre interpretación de la normativa al margen de la legalidad, a pesar de ser los profesionales que solventan gran parte de los problemas de la atención primaria. Ya en el pasado mes de Julio, los médicos y enfermeros de área decidieron dar un voto de confianza a la Consejería de Sanidad y posponer sus movilizaciones en espera de que se asegurasen los más básicos derechos laborales, en cumplimiento de la normativa vigente.
Desde el próximo 15 de Octubre, salvo que la Consejería de Sanidad muestre de forma inequívoca su intención de acabar con la cotidiana explotación de estos profesionales, mediante la publicación de las instrucciones pertinentes, los profesionales serán llamados a emprender un calendario de actuaciones con el fin de erradicar el actual sistema de gestión basado en su explotación.
Dichas actuaciones comprenderán acciones puntuales como concentraciones frente a organismos representativos del Gobierno Autonómico u Organismos de la Sanidad, así como un amplio abanico de prácticas continuadas en el tiempo, tales como campañas de información a los usuarios de la sanidad en relación con la denigrante situación de los médicos y enfermeros de Área o la denuncia pública de los gestores y responsables intermedios de Sacyl que colaboren, incurran y reincidan en las ilegalidades de los últimos años, entre otras, cuya puesta en marcha se reserva AMEACyL y que implicarían medidas legales contra los mandos y gestores que firmen las bochornosas, aberrantes y manifiestamente ilegales órdenes que dan forma al abuso ya institucionalizado de estos profesionales.
La paciencia del colectivo se ha agotado, y en el caso de que la Consejería no asegure definitivamente el respeto de los derechos de sus trabajadores y a la normativa vigente en los centros de salud y en las gerencias de área, confeccione calendarios con un reparto aceptable de guardias y descansos con garantías de su jornada mínima legal, así como garantice el respeto del pacto de vacaciones y permisos que desde hace años se lleva incumpliendo con el colectivo, iniciará las movilizaciones.
Estos puntos sólo precisan cumplir la legalidad vigente y son básicos para que los médicos y enfermeros de área puedan disponer de una programación anual ajustada a los límites legales en 2019. Las condiciones que oferta la Consejería son la principal causa por la que los profesionales sanitarios continúan su exilio de Castilla y León, debido al maltrato y la exclusión que reciben, cuyo abuso reiterado, con penosas condiciones laborales y unido a su mala gestión, ha llevado a su asociación bajo la Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León (AMEACyL), con el fin de representar al colectivo.
La actual política de Sacyl es incapaz de retener ni tan siquiera a los profesionales que se forman en sus propios centros sanitarios, ya que escapan en una búsqueda desesperada de condiciones laborales aceptables.
La Consejería, aseguran, puede y debe reformular su modelo de gestión del personal de área para garantizar el seguimiento y la calidad de la atención sanitaria en los centros de salud, siendo una opción viable que permitiría ofrecer contratos más largos, estables, y en mejores condiciones a los profesionales, así como conseguir la dignidad de los puestos de médicos y enfermeros de área, de los que la administración sanitaria pública realiza un abuso sistemático, convirtiéndolas en destinos que cada vez menos profesionales están dispuestos a aceptar.
La Agrupación de Profesionales de Área y ha convocado a los profesionales en Asamblea General Extraordinaria para coordinar las actuaciones, y ha mantenido reuniones con los sindicatos que están presentes en las negociaciones y que ya han mostrado su apoyo ante el reiterado incumplimiento de la normativa. Varios sindicatos, como SATSE, CSIF, UGT, CC.OO. y USO, ya han hecho pública su postura ante la denigrante, injusta y abusiva política de la Consejería, que continúa sin respetar los calendarios de trabajo programados, falseándolos y manipulándolos, y cuyos profesionales son infravalorados profesionalmente, excluidos de reuniones y decisiones, mientras se coarta su conciliación familiar y social en un colectivo en el que existe un elevado número de mujeres desarrollando su actividad laboral.
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