jueves. 15.11.2018 |
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La Diputación resuelve el contrato con la adjudicataria de las carreteras de Micereces y Santa Croya por incumplimiento

La Diputación resuelve el contrato con la adjudicataria de las carreteras de Micereces y Santa Croya por incumplimiento

Mayte Martín Pozo ha mantenido hoy una reunión con la Corporación Municipal de Micereces de Tera y también ha visitado “La Huerta del Tera”, sociedad que agrupa a 20 productores de pimientos en la zona, con una producción anual de 700 toneladas y un centenar de empleos.

La presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo, ha manifestado hoy que la Institución Provincial ha resuelto los contratos e incautado las garantías definitivas a la empresa Viales y Obras Publicas S.A. por incumplimiento en la ejecución de las obras de las carreteras de Santa Croya de Tera y Micereces de Tera, tras reunirse con la Corporación Municipal de este último Ayuntamiento que preside Carlos Martín Díez.

Del mismo modo, Mayte Martín Pozo ha anunciado que también se iniciarán expedientes de indemnizaciones por daños y perjuicios y se inhabilitará a la empresa para contratar con la Diputación.

La Diputación Provincial adjudicó en 2017 la reparación de las carreteras de Santa Croya de Tera a Villanueva de las Peras, por importe de 471.799 euros, y la de Abraveses de Tera-Micereces de Tera- Aguilar de Tera, por importe de 972.477 euros, ambas a la empresa Viales y Obras Publicas S.A., con plazos de ejecución de cuatro y cinco meses respectivamente.

Durante el transcurso de la ejecución de los trabajos, a petición de la empresa, y con una justificación por causas meteorológicas, la Diputación Provincial autorizó diversas paralizaciones de las obras.

Actualmente, las dos obras se encuentran con los plazos de ejecución vencidos y con porcentajes de obra ejecutada muy bajos, concretamente, del 25% en la obra de la carretera de Micereces de Tera y del 5% en la carretera de Santa Croya de Tera.

La presidenta de la Diputación ha añadido que es evidente que existe un incumpliendo del contrato por parte de la empresa adjudicataria de las obras y, por lo tanto, la causa imputable es a la propia empresa por incumplimiento de contrato.

Asimismo, ha expuesto que la Diputación Provincial ha cumplido en todo momento con los plazos del procedimiento de adjudicación, (firma del contrato, acta de replanteo, etc.), ajustándose de manera rigurosa a la Ley del Contratos de Sector Publico, actuando con la empresa adjudicataria, de manera colaboradora y comprensible, con la única finalidad de que los trabajos contratados se pudieran ejecutar en su totalidad originando a los ciudadanos los menos trastorno y perjuicios posibles.

Ante esta situación, la Diputación Provincial ha iniciado los correspondientes expedientes de resolución de los contratos, con propuestas de incautación de la garantía definitiva, indemnización por daños y perjuicios e inhabilitación, expedientes que se iniciarán una vez esté resuelto definitivamente el contrato.

Mayte Martín Pozo ha añadido no es habitual que las empresas abandonen sus obras una vez adjudicadas y que se trata de casos aislados. Prueba de ello, ha apuntado es que durante estos últimos años la Diputación ha ejecutado obras en carreteras y caminos rurales en el entorno de Micereces de Tera por importe de cerca de 2 millones de euros, sin que se hayan producido este tipo de incidentes que, no solo provocan trastornos y perjuicios a los ciudadanos, sino que también causan perjuicios económicos a la administración.

VISITA A “LA HUERTA DEL TERA”


La presidenta de la Diputación también ha visitado las instalaciones de la sociedad “La Huerta del Tera S.L”, que agrupa a una veintena de productores de Micereces, que anualmente comercializan 700.000 kilogramos de pimientos, de los cuales el 85 por ciento corresponde a la producción de variedad “Lamuyo”, y el resto a la variedad de pimiento “Italiano”.

La Huerta del Tera llega a emplear hasta a un centenar de personas en plena campaña y tiene su mercado principal en el Norte de peninsular, fundamentalmente en las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco a través de mercados y grandes superficies comerciales.

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