"Estamos muy cabreados y molestos por la situación", comenta el delegado sindical de Acaip Valentín Ortiz en torno a los servicios mínimos impuestos por el Gobierno ante la huelga convocada por los funcionarios de prisiones por su situación.
Esta, según informa el propio Ortiz, llega a ser de un 100% en algunos servicios, como el de vigilancia que, a su juicio, es el más damnificado por los pases a segunda actividad del funcionariado que deja unas 140 vacantes en el servicio.
Así, en una reunión que han mantenido con la subdelegada del Gobierno, se ha expuesto, en principio, que los servicios mínimos por grupo de vigilancia es de 19 efectivos, justamente los que se encuentran en plantilla actualmente.
"Tenemos 47 funcionarios en práctica que son los que parchean el déficit tan enorme que tenemos. Cuentan con nosotros para coger vacaciones pero para la huelga los mantienen al margen", comenta Valentín Ortiz, que comentan la posibilidad de recurrir judicialmente, por la vía penal, el no tener posibilidad de acceder a un derecho fundamental como es la huelga.
"En mi grupo somos 26 funcionarios. De ellos, cinco son de prácticas y de los 21 restantes hay dos funcionarios de baja laboral desde hace tiempo. Los mínimos marcados por la administración por cada grupo de trabajo son 19. En el grupo tres, por ejemplo, están en la misma situación", se queja.
A ello se suma que, además, en esta situación de no acceder a la huelga se encuentran tres delegados sindicales. "Es una auténtica aberración. Estamos valorando el presentar una denuncia por la vía de lo penal por atentar contra el derecho fundamental".
Este hecho no se da en todos los servicios y, por ejemplo, en oficinas no habrá impedimentos para realizar la huelga aquel que lo desee. A pesar de ello, se ha producido también una concentración a las 8 de la mañana en Topas.
Los funcionarios de vigilancia de Topas, sin huelga al ser el total de la plantilla similar a los servicios mínimos
Se han marcado en 19 funcionarios por grupo, número exacto de efectivos con los que cuentan varios grupos del centro penitenciario, según denuncian desde Acaip. Comentan la posibilidad de recurrir por la vía penal este hecho al atentar contra un derecho fundamental, aseguran.
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