La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, ha advertido hoy al Ministerio de que no admitirá un acuerdo retributivo que excluya a Letrados, Cuerpos Generales y Especiales.
CSIF, junto a STAJ, CCOO y UGT, ha convocado huelga general y una manifestación en Madrid el 16 de noviembre para frenar la mayor agresión de la historia a los derechos laborales de los funcionarios de Justicia. Junto a otras reivindicaciones, rechazamos a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en tramitación parlamentaria, que abre la puerta a la movilización forzosa de más de 50.000 funcionarios.
En este contexto, CSIF, ante la reunión “urgente” mañana de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con las asociaciones de Jueces y Fiscales, subraya que las reivindicaciones de los cuerpos de funcionarios representados en la Mesa de Justicia son tan importantes como las del resto de colectivos y que, bajo ningún concepto, el sindicato aceptará la estrategia de postergar unas reivindicaciones para abordar otras.
Rechazamos, además, la grave discriminación de los funcionarios de Justicia del ámbito del Ministerio en materia de complemento específico porque hace tiempo que traspasó el límite del insulto. Por ejemplo, existen diferencias de hasta 600 euros, con una media de más de 300 euros por funcionario y mes de diferencia, perteneciendo al mismo cuerpo nacional (respecto a las CCAA con competencias en materia de Justicia), con las mismas funciones y responsabilidades.
Para CSIF, se trata de una discriminación de libro, si bien la ministra pasa olímpicamente y aún no ha convocado ni una sola reunión para abordar este tema. Otros temas pendientes son las retribuciones por guardias que no se revisan desde el año 2003; los planes de actuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la productividad y la carrera profesional como derecho de los funcionarios de Justicia.
Además, desde CSIF consideramos imprescindible abordar la adecuación retributiva de los Cuerpos Especiales y la reordenación del funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y de Toxicología para dotar de transparencia a su gestión que, en algunos casos, brilla por su ausencia y es el motivo de problemas graves de riesgo psicosocial.
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