“No a la movilidad forzosa y arbitraria” y “no a la destrucción de empleo”, son las consignas que llevan a la convocatoria de huelga general en la Administración de Justicia para este viernes 16 de noviembre. La modificación de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cambian de manera radical los centros de destino de los funcionarios de justicia. y que permiten que estos puedan ser movidos al libre arbitrio de los responsables funcionales, ha sido el detonante de la protesta, promovida por los principales sindicatos en Justicia, CSIF, UGT, CC.OO. y STAJ.
En palabras de la presidenta de CSIF en Zamora, Rosa M. Herrero, “la modificación unilateral de la Ley Orgánica del Poder Judicial, supone un grave atentado al derecho a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo, reconocida en la Constitución. Supone un precedente muy grave, puesto que un derecho fundamental reconocido a los ciudadanos ha sido robado a los funcionarios de justicia, en favor de intereses partidistas”. Y es que no hay que olvidar que la aprobación de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha producido a la vez que las negociaciones entre los distintos grupos políticos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Palabras a las que se ha sumado este miércoles, Juanjo Banciella, rsponsable de CSIF Justicia en Zamora, que ha solicitado una reforma urgente del Palacio de Justicia de Zamora que "pese a su bonita fachada, enconde un edificio viejo, obsoleto y laberíntico que, de no ser por el gran trabajo de los funcionarios, la justicia de Zamora no funcionaría".
Así mismo, Banciella ha denunciado la diferencia salarial entre comunidades, siendo la diferencia entre los zamoranos y los funcionarios de Bilbao, por ejemplo, de 500 euros, quienes, asegura, además cuentan con mejores medios que los funcionarios de la capital "que no cuenta con medios suficientes para asumir la digitalización".
Por otro lado, indica que “la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los términos actuales supondrá destrucción de empleo en la Administración de Justicia en la provincia de Zamora, puesto que no se cubrirán las bajas y ausencias de funcionarios interinos, y los refuerzos que sean necesarios para el desempeño de las labores jurisdiccionales tendrán una duración máxima de 6 meses”.
Así las cosas, CSIF anima a todos los funcionarios a lanzarse a la calle y secundar la huelga general. “La adopción de esta medida supone un paso más en la pérdida de derechos de los funcionarios de justicia”, indica Juanjo Banciella, que añade “que esta medida, sumada a la grave discriminación salarial que sufren los funcionarios que aún dependen del Ministerio con respecto a funcionarios de las Comunidades transferidas (que en ocasiones llega a más de 500 €), muestra bien a las claras lo poco que le importa al Ministerio de Justicia su personal”.
En Zamora se debe sumar, además, el lamentable estado de las instalaciones del Palacio de Justica. Un edificio, viejo, laberintico, y que muestra unas condiciones que se alejan mucho de ser las adecuadas para albergar a quienes deben de colaborar en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
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