El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido este martes en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha trasladado la necesidad de contar con un nuevo modelo de Financiación Autonómica que garantice la prestación de los servicios públicos, disponer de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, defender el mantenimiento de los fondos de la PAC en la negociación del nuevo modelo, así como medidas concretas que permitan una transición energética justa y ordenada. Además, Herrera ha reclamado acciones que mejoren la sostenibilidad del Estado de Bienestar, la mejora de las infraestructuras y cuestiones relativas al desarrollo estatutario de Castilla y León.
Juan Vicente Herrera ha trasladado al presidente del Gobierno las prioridades de Castilla y León en un encuentro al que el presidente ha asegurado acudir con la voluntad de cooperación, lealtad institucional y en defensa de los intereses de la Comunidad. Prueba del valor que la Junta de Castilla y León otorga al diálogo es que muchos de los temas tratados con el presidente han sido previamente consultados a los grupos parlamentarios y han sido objeto de distintos acuerdos políticos, sociales o institucionales.
Financiación Autonómica
La extensión del territorio de Castilla y León y su escasa población -en buena parte distribuida en el medio rural- son circunstancias que dificultan y encarecen la prestación de los servicios públicos y eso determina la urgente e inaplazable necesidad de una reforma de la Financiación Autonómica. Según ha señalado Juan Vicente Herrera, el vigente sistema ha sido incapaz de aportar los recursos suficientes y ha obligado a las comunidades a incurrir en déficits y endeudamientos imposibles, por lo que es imprescindible la reforma y corrección de los déficits actuales de lo que depende la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales como son la sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.
Los principios que se alcanzaron en la Conferencia de Presidentes de 2017, así como por la comisión de expertos que fue constituida a tal efecto, son los de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos. Estos principios son coherentes con el Pacto de Comunidad suscrito en abril de 2016 por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y compartidos con otras comunidades autónomas.
Para el presidente de la Comunidad, el nuevo modelo se debe formular a través de un cauce multilateral que parta de la evaluación del modelo actual y de definir un catálogo de servicios y un nivel de prestación iguales para todos los españoles, vivan donde vivan. Ha de corregir déficits, dotando al sistema de mayores recursos y garantizando los suficientes para financiar todos los servicios de competencia autonómica, tanto ahora como en el futuro.
Necesita responder a las circunstancias que objetivamente condicionan y aumentan el coste efectivo de prestar dichos servicios en el territorio, muchas de las cuales son de índole sociodemográfica (superficie, dispersión, baja densidad o envejecimiento de la población). Y además, ha de valorar de manera especial la financiación de la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia.
La Sanidad es el servicio más afectado por las deficiencias del modelo vigente y conlleva la mayor partida del gasto autonómico. Es, además, el área del presupuesto que acumula más tensiones de crecimiento, por el carácter inelástico de su demanda y por la influencia de factores como las veloces innovaciones en tecnologías y medicamentos o como el envejecimiento: Castilla y León plantea que ha de tenerse en cuenta la influencia del envejecimiento de la población, estimándose que el gasto sanitario de una persona mayor de 75 años multiplica por 7 el de un adulto más joven. Por ello, la Comunidad reclama que en la financiación de la Sanidad se revisen los pesos de los grupos de edad y se cree un nuevo grupo de mayores de 85 años.
En cuanto a la Educación, la igualdad entre el medio rural y el urbano exige un sobreesfuerzo económico, pues educar en el medio rural es entre un 40 % y un 50 % más caro que hacerlo en el urbano.
En relación a la Atención a la Dependencia, es preciso incorporarla al modelo de financiación y hacer efectivo el reparto de costes previsto de 50 %-50% entre comunidades y Estado, en lugar del 80 %-20% en perjuicio de Castilla y León, como sucede ahora.
Además, Herrera ha reclamado avanzar en la reforma de la financiación local que tenga en cuenta las condiciones y necesidades especiales de los pequeños municipios.
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