sábado. 23.03.2019 |
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La Coordinadora Provincial Pueblos Vivos de Zamora pide ser escuchada por las instituciones en el tema de las macrogranjas

La Coordinadora Provincial Pueblos Vivos de Zamora pide ser escuchada por las instituciones en el tema de las macrogranjas

La Coordinadora Provincial Pueblos Vivos de Zamora, que aglutina a asociaciones vecinales y plataformas de la provincia contrarias a la instalación de granjas industriales porcinas, ha solicitado a través del registro este jueves de tres escritos sendas reuniones con el delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro, la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, y el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.

La entidad quiere presentarse ante las administraciones, especialmente ante aquellas instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad en la promoción, autorización y vigilancia de las explotaciones porcinas de producción industrial; granjas que están invadiendo la provincia zamorana, en un goteo incesante de proyectos del que no se libra ninguna de las comarcas, y que se ha hecho mucho más evidente durante este 2018.

Aseguran que los zamoranos están preocupados por esta proliferación de granjas industriales en una provincia aquejada por la despoblación y con limitadas alternativas de desarrollo económico. Así se puso de manifiesto el pasado 13 de octubre, en la manifestación que consiguió reunir a 2.000 vecinos de la provincia en Zamora capital. A ella se han sumado, y se seguirán sumando, concentraciones en los municipios afectados, protestas en sesiones plenarias y acuerdos municipales para intentar poner coto a una invasión con efectos altamente perjudiciales para el medio rural.

“Los vecinos ven peligrar el futuro saludable de sus municipios, la agricultura y la ganadería locales, con granjas intensivas industriales que se presentan falsamente como una alternativa económica. Son un foco de contaminación del agua, la tierra y el medio ambiente, y la falta de garantías en el control administrativo y técnico, que ejerce principalmente la Junta de Castilla y León, unido a normativas laxas en materia de protección del medio natural, no ofrecen precisamente motivos para la tranquilidad y la confianza de los zamoranos”, exponen en su comunicado desde esta coordinadora.

A juicio de la Coordinadora Provincial Pueblos Vivos de Zamora, la Diputación de Zamora “se mantiene impasible, como si la problemática surgida en la provincia no fuera con una institución cuya principal misión es atender, ayudar y asesorar a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Se queda al margen, como si no fuera la Institución Provincial la garante de la prestación de servicios de calidad y, cuando las aguas de los municipios se vean contaminadas por los purines, la que deberá encargarse de suministrar agua potable para el consumo humano, construir potabilizadoras y promover depuradoras”.
Además incluyen: “La Diputación esconde la cabeza debajo del ala, hace oídos sordos a la petición de ayuda de los vecinos, que se ven desamparados ante ayuntamientos que hacen y deshacen a su antojo. La desinformación y el oscurantismo rodean a este tipo de proyectos, que llegan a los ayuntamientos de manera silenciosa, van cumpliendo trámites administrativos y para cuando los vecinos se enteran de su existencia poco o nada pueden hacer para intentar frenar la instalación de las granjas industriales”.

Por ese motivo, argumentan, en la provincia han surgido en los últimos tiempos numerosos movimientos vecinales que exigen transparencia e información sobre cada uno de los proyectos de granjas industriales porcinas promovidos en Zamora. Plataformas y asociaciones en Cerecinos de Campos, Tierra de Alba, Pozoantiguo o Tábara, que dentro de la ley y haciendo uso de todos los recursos que esta ofrece reclaman la paralización de las explotaciones porcinas industriales.

Con el objetivo de unir fuerzas, esas plataformas y asociaciones vecinales se han unido en la Coordinadora Provincial Pueblos Vivos de Zamora, que espera ahora que el delegado territorial, la presidenta de la Diputación y el subdelegado del Gobierno atiendan su solicitud de audiencia, se reúnan con sus representantes y poder así hacerles llegar “las inquietudes y las reivindicaciones de los vecinos de la provincia, a los que representan y sirven, como servidores públicos que son”.

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