La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, afirmó el pasado jueves que el Gobierno analizará el desarrollo de la norma aprobada para que las prácticas universitarias coticen obligatoriamente a la Seguridad Social para "garantizar que no tiene impacto negativo" ni en los estudiantes ni en las empresa.
Celaá ha defendido esta medida aprobada por el Ejecutivo socialista a finales de año, y que ha sido criticada por diferentes sectores universitarios, al considerar que aporta "ventajas" a los jóvenes que realizan las prácticas, aunque admite que el Gobierno tratará de "paliar el impacto negativo" que se pueda producir en las empresas.
Desde la implantación del Plan Bolonia, todos los alumnos universitarios tienen la opción de realizar las prácticas en sus carreras, si bien en algunas de ellas (como Magisterio o las de la rama sanitaria) son obligatorias, mientras que en otras se trata de una asignatura optativa más.
Método sencillo a mínimo coste
La ministra se pronunció así durante una rueda de prensa en el Ministerio de Educación para desgranar algunas de las medidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, y en la que ha estado acompañada del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y del titular de la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.
Duque añadió que el Gobierno está trabajado "conjuntamente con los diversos actores universitarios" para desarrollar la norma durante los tres primeros meses del año, y tras la reunión celebrada esta semana con los rectores de las universidades españolas ha adelantado que el Ejecutivo buscará un "método sencillo" para que las empresas y la universidad pueda "dar de alta las prácticas" en la Seguridad Social con el "mínimo coste posible".
El Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acordaron este miércoles que la cotización de las prácticas externas universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020, como se establece en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
En la reunión, en la que también participó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, se expusieron "los argumentos del Gobierno y de las universidades, y CRUE ha compartido con el Gobierno el espíritu de la norma y los aspectos de la citada disposición que deben ser objeto de regulación", según informó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Hace dos semanas, la CRUE calificó de "sorpresiva" y "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a que todas las prácticas académicas externas coticen en la Seguridad Social, y advertía de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.
Unas prácticas “en las que todo el mundo cotice y tenga unos derechos y unos deberes”
Por su parte, la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, ha defendido que "todo el mundo cotice y tenga unos derechos y unos deberes", en referencia a la cotización obligatoria de los becarios.
Así lo manifestó tras la constitución del Observatorio 'Mujeres, Ciencia e Innovación'. "Todos queremos un país en el que todo el mundo cotice y tenga unos derechos y unos deberes. En eso estamos trabajando", ha dicho.
En este sentido, ha destacado la "gran cantidad" de tipos de becarios que hay en el ámbito universitario. "Nos vamos a reunir con representantes de los rectores y de la seguridad social. Vamos a ver cómo desarrollamos ese Decreto Ley en el plazo de tres meses", ha señalado Heras, quien ha incidido en que "los estudiantes quieren trabajar.
Además, Ángeles Heras se reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, para abordar el desarrollo de la disposición del Real Decreto aprobado a finales de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Según fuentes gubernamentales, los secretarios de Estado acordaron "desarrollar la regulación de esa disposición" y convocar, "sin demora", "reuniones con todos los actores de la comunidad universitaria", aunque ambos reiteraron la voluntad del Gobierno de "mejorar las prácticas sin afectar al desarrollo académico" de los estudiantes y "reforzar" su "sistema de protección social".
La nueva normativa: que todas las prácticas coticen
Actualmente, sólo las becas remuneradas cotizan a la Seguridad Social, si bien las curriculares tienen una bonificación del 100%. Cuando son extracurriculares se paga la cotización entera, mientras que las no remuneradas no cotizan.
Con la nueva normativa, la idea es que todos los becarios se den de alta en la Seguridad Social, sean sus becas en la universidad o en una empresa, curriculares o extracurriculares, remuneradas o no.
Con la modificación normativa, la única variación entre las prácticas que van acompañadas de un salario y las que no será quien pague la cuota. Según estimaciones del SIPPE de la USAL, esta rondaría los 60 euros mensuales por persona.
El Gobierno buscará garantizar que la cotización obligatoria de prácticas no afecte negativamente a alumnos ni empresas
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, afirmó que el Gobierno analizará el desarrollo de la norma aprobada para que las prácticas universitarias coticen obligatoriamente a la Seguridad Social para "garantizar que no tiene impacto negativo" ni en los estudiantes ni en las empresa.
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