El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León critica la rapidez con la que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha elaborado un borrador de Decreto para regular la autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de Castilla y León, además, mientras esa Consejería acaba de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad que anulaba el Decreto anterior, de 2017.
La Consejería de Familia ha elaborado un nuevo borrador de Decreto, que se encuentra ya disponible en el Portal de Participación de la Junta de Castilla y León para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones al mismo (el plazo para ello finaliza hoy), y sigue incurriendo en las mismas condiciones que establecía el Decreto anulado por el TSJ para el personal de Enfermería.
Así, parece ser que las intenciones de Familia son seguir estableciendo que estos centros dispongan, hasta 2022, de una enfermera por cada 100 residentes y solo de lunes a viernes (incrementándose en media por cada 40 residentes más) y a partir de 2022, de una enfermera a media jornada por cada 100 usuarios y solo de lunes a viernes (con un incremento también de media enfermera por cada 40 usuarios más con que cuente el centro). Antes de este Decreto de 2017, los centros de la Gerencia de Servicios Sociales disponían de 20 enfermeras y enfermeros por cada 300 residentes, lo que suponía una enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios.
SATSE Castilla y León impugnó el Decreto anulado por el TSJ porque en no se determinaban con claridad las ratios a aplicar al personal de enfermería de estos centros y porque suponía un cambio de modelo asistencial respecto al Decreto de 2001, ya que el de 2017 despojaba a estos centros del carácter sanitario. De este modo, dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etc., recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema de Salud de la Comunidad, aparte de no garantizar una asistencia suficiente y de calidad a los residentes.
SATSE denuncia que los planes de Familia son legislar en este ámbito a favor de las empresas privadas que gestionan estos centros. Se hizo en 2017 y se pretende ahora de nuevo, hacer un “decreto “a la carta” para las asociaciones empresariales y que solo favorece que el cuidado de nuestros mayores se convirtiera en un negocio muy rentable.
Hasta hace unos años, estos centros se diferenciaban en “válidos”, “mixtos” y “asistidos” y ahora mismo solo hay centros de asistidos, dado el elevado nivel de envejecimiento y dependencia que presenta la población de Castilla y León: estos residentes son en su mayoría enfermos crónicos y con pluripatologías, que lo que necesitan en su mayoría son cuidados de enfermería y fisioterapia.
SATSE asegura no entender cómo, si se pretende desarrollar una atención integral de la persona, se van a ofrecer cuidados con unas ratios de enfermeras tan bajas, a media jornada y de lunes a viernes para una población crónica y tan envejecida ( la mayoría de las personas que acceden a una plaza residencial obtienen un grado de dependencia II ó III). ¿Quién dará esa prestación en el centro cuando no haya enfermeras?
Asimismo, SATSE considera que la premura con la que se publica ese borrador solo puede responder a un fin electoralista, sin que haya cambiado la “esencia” de lo que pretende la Consejería de Familia. El Decreto de 2017 suponía que la asistencia sanitaria de estos centros se hiciera recaer en los centros de salud de Sacyl, que con esta normativa van a recibir un importante volumen de trabajo a mayores sin que quede claro su incidencia presupuestaria y si se iba a incrementar su personal para hacer frente a esas necesidades que, en todo caso, deberían quedar cubiertas en los propios centros de mayores. El nuevo borrador sigue sin determinar la incidencia presupuestaria de esta normativa para el gasto de Sacyl, lo que, además fue una de las causas de anulación del Decreto de 2017 por el TSJ.
SATSE Castilla y León critica la premura de Familia por elaborar un nuevo Decreto que regule las residencias de mayores
“Mientras esa Consejería ha recurrido la sentencia del TSJCYL que anulaba el Decreto de 2017, Familia publica un borrador para un nuevo Decreto en el Portal de Participación de la Junta que mantiene unas ratios bajísimas de personal de enfermería y no aclara la incidencia presupuestaria que tendría para Sacyl, a donde se derivarían los residentes en caso de necesitar cuidados de enfermería”, explican desde el sindicato.
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