La Consejería de Educación y las universidades públicas de la Comunidad, en octubre de 2014, firmaron un acuerdo para la creación de una red de equipamiento científico-tecnológico compartido entre estos centros académicos. Los objetivos eran optimizar el uso de las infraestructuras, mejorar la transferencia de los resultados de la investigación al tejido empresarial y canalizar la obtención de recursos para la adquisición y mantenimiento de equipamientos científico-técnicos especialmente singulares.
Este acuerdo se firmaba, respetándose, en todo momento, la autonomía de cada institución con el objetivo de satisfacer las necesidades de liderazgo y excelencia recogidas en la estrategia Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, del Ministerio de Economía y Competitividad y en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) 2014-2020, que establece, como uno de sus principales ejes, el fomento de la colaboración multidisciplinar entre agentes generadores de conocimiento y la transferencia de conocimiento.
La resolución, que hoy se publica en el Bocyl, responde a las necesidades derivadas de este acuerdo y supone una inversión de 2.662.428 euros para la adquisición de equipamiento científico compartido con un valor estimado de entre 100.000 y 500.000 euros.
Entre otros requisitos, se exigía que la universidad solicitante contara con, al menos, el apoyo de otra universidad para la petición de adquisición de equipamiento; que se acreditara la existencia de relación contractual de duración indefinida o funcionarial con el investigador responsable del proyecto o de la línea de investigación; que la investigación estuviera incluida en alguna de las prioridades temáticas de la RIS3; y que existiera interés científico autonómico en la adquisición del equipamiento científico solicitado. Dadas las implicaciones sociales de la investigación científica, se pedía igualmente que se contara con medidas destinadas a garantizar la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la integración laboral de las personas con discapacidad.
En la resolución de estas ayudas se han tenido en cuenta el número de universidades y de unidades de investigación consolidada participantes en cada petición de equipamiento, así como la calidad del proyecto o línea de investigación presentada vinculada a la necesidad de adquisición evaluada por la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
Las cuantías finales, ordenadas por universidades, son las siguientes: 498.950 euros, para la Universidad de Burgos; 176.500 euros irán destinados a la Universidad de León; 784.578 euros se dirigirán a la Universidad de Salamanca y 1.202.400 euros, para la Universidad de Valladolid.
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