Desde que una sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla y León suspendiera la resolución que permitía cazar “legalmente” 429 lobos las temporadas comprendidas entre los años 2016-2019, desde Lobisome aseguran que "no dejan de sucederse informaciones insidiosas respecto a la situación poblacional de la especie y su impacto en la ganadería por parte de los responsables políticos de la Junta de Castilla y León. Que un juez reconozca que la gestión aplicada a la especie no asegura su supervivencia y que sus evaluaciones poblacionales no son fiables, son motivos suficientes para orquestar una campaña oficial de desprestigio a los tribunales e incrementar el victimismo del sector social y económico que sostiene electoralmente al Partido Popular en Castilla y León: el agroganadero".
Aseguran además como a "esta estrategia hay que sumarle el empeño de quien ha justificado técnicamente la presión y el control letal sobre la especie en los últimos años en esta Comunidad Autónoma, con declaraciones en los medios de comunicación afirmando, sin otro aval que la fidelidad de una Administración que le mantiene económicamente, otro hipotético incremento de nada menos que del 20% de la población lobuna en la región"
Mario Saénz de Buruaga es el director técnico del censo de lobo ejecutado entre los años 2012-13 en CyL , y en él, ya se aseguraba un 20% de aumento en la población de lobos Lobisome Naturaleza publicó un trabajo de estimación de grupos reproductores de lobo en la Reserva Regional de Caza “Sierra de la Culebra” realizado en el año 2013 en el que los resultados contrastaron escandalosamente hasta la mitad.
Ante la ausencia de auditorías externas y de investigadores que no dependan para su supervivencia profesional de la financiación de unas administraciones públicas que “manosean” al lobo con fines políticos, solo queda recurrir a trabajos como el nuestro que demuestran cómo la ciencia ciudadana se torna imprescindible en la defensa del Patrimonio natural.
Ante el preocupante uso "torticero" que se está ejerciendo sobre la credibilidad y el rigor del estudio científico, hemos considerado necesario dar un paso más y solicitar al Procurador de lo Común (Defensor del Pueblo en Castilla y León) su pronunciamiento sobre este caso presentando un informe de 31 páginas sumado al respaldo social manifestado a través de las más de 270.000 firmas de nuestra petición en Change.org en la que se solicita, entre otras reclamaciones, invalidar el censo oficial.
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