CSIF lamenta que “finalmente” haya tenido que acudir a los tribunales, ante la imposición de la Junta de sus criterios, y a pesar de la rotunda oposición de los docentes a realizar tareas propias del personal sanitario. "Los docentes no se niegan a ejercer el deber de socorro cuando el alumnado lo precise por causa de urgencia. Pero consideramos impropias e inadecuadas las tareas que encomiendan al profesorado en la Orden de Economía y Hacienda/315/2019, de 29 de marzo", que ha sido recurrida.
El sindicato asegura que las Consejerías de Educación y de Sanidad "han seguido adelante con esta Orden, que por razones burocráticas ha de firmar el Consejero de Economía, a pesar de que la práctica totalidad de los docentes se oponen a la administración de medicamentos, como así se evidenció en la encuesta realizada por CSIF, que se dio a conocer hace unas semanas; obviando además las numerosas alegaciones presentadas en su día al borrador de la orden; y no teniendo en cuenta tampoco los numerosos votos particulares que se adjuntaron al dictamen del proyecto de la orden en el Consejo Escolar de Castilla y León".
El sindicato independiente mantiene clara la posición de que “en ningún caso, la administración de medicamentos debe ser realizado por personal docente”; o de que los centros educativos deben tener asegurada una adecuada atención sanitaria con personal de enfermería, "que deben ser quienes administren la medicación”, indica la responsable del sector de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga.
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