Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sufrieron 3.209 agresiones entre 2010 y 2018, de las cuales 1.511 tuvieron como resultado una lesión y 89 fueron graves o muy graves, según los últimos datos del registro facilitados a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario del Ministerio del Interior.
Esto significa que cada mañana los trabajadores van a su centro sabiendo que uno de ellos sufrirá un ataque de un preso y que probablemente, día sí, día no, tendrá como resultado una lesión. Según los mismos datos, prácticamente cada mes se produce una lesión grave o muy grave por puñetazos, mordiscos, cabezazos, lanzamiento de objetos o pinchazos con objetos punzantes que los presos fabrican de manera rudimentaria en sus celdas y que se convierten en un arma muy peligrosa.
Esta situación es inaceptable. Los empleados públicos de las prisiones españolas viven ya una situación de urgencia por el déficit y el envejecimiento de las plantillas y la falta de recursos. Y es que según datos oficiales, en los últimos cinco años se han perdido 1.773 efectivos por jubilaciones y las plantillas tienen un déficit de 3.500 personas tal y como ha reconocido el propio ministerio del Interior.
Pero hay un dato aún más alarmante que es el envejecimiento que se ha producido en las plantillas desde 2002. En estos momentos, uno de cada diez trabajadores tiene más de 60 años y más de la mitad son cincuentones que se tienen que enfrentar en muchas ocasiones a internos en una situación de clara desigualdad por edad y condiciones físicas.
En este contexto, en lugar de tomar cartas en el asunto, Instituciones Penitenciarias ha iniciado una ‘caza de brujas’ abriendo expedientes a delegados sindicales y elevando el caso a la fiscalía por denunciar esta situación a los medios de comunicación en el legítimo ejercicio de su derecho a la libertad sindical y a la libertad de expresión. CSIF hará frente a esta persecución defendiendo a los delegados ante las diferentes instancias jurídicas.
Asimismo, dos recientes sentencias (del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Contencioso Administrativo de Barcelona) en las que se condena al Estado por su responsabilidad en casos de agresiones por la falta de seguridad en las cárceles. Esta sentencias nos abren una vía jurídica para denunciar a Instituciones Penitenciarias cada vez que se produzca una agresión.
En definitiva, en materia de seguridad, desde CSIF reclamamos que cuando comience la legislatura se regule la figura del Agente de la autoridad y el endurecimiento de las sanciones a los reclusos que agredan a un trabajador penitenciario:
Incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales.
Formación adecuada a los trabajadores que se enfrentan a internos peligrosos o situaciones de potencial riesgo.
- Desarrollo del protocolo de Agresiones que conllevaría entre otras las siguientes medidas
- Mejora de los medios coercitivos: guantes, chalecos, protectores y autorización del uso de pistolas eléctricas.
Adecuación de las retribuciones, tras más de dos años de conflicto, y equiparación salarial con Cataluña.
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