Tras esta primera toma de contacto en la negociación con las centrales sindicales, la Junta de Castilla y León mantiene un compromiso inequívoco de alcanzar la aplicación de esta medida en esta legislatura, en beneficio de todos los empleados públicos de la Comunidad.

El gobierno manifiesta su disposición por avanzar en esta materia como muestra de respeto y de puesta en valor del trabajo de todos los empleados públicos.

Según el ejecutivo, la toma de decisión sobre la aplicación de la jornada ordinaria de las 35 horas, previa negociación, debe sustentarse en una serie de pilares que garanticen su correcta puesta en marcha: en primer lugar, debe asegurarse la adecuada organización para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos a los castellanos y leoneses, teniendo en cuenta la especial incidencia que la medida tiene en materias como Sanidad, Servicios Sociales y Educación; asimismo, la puesta en marcha de la medida debe operar a través de una modificación normativa que contemple los criterios fijados por el Estado y que esté plenamente en concordancia con la legalidad vigente; el acuerdo que se alcance debe tener solución de continuidad para garantizar la estabilidad de la medida a futuro. Y por último, debe hacerse en base a garantías de equidad, y que la propuesta alcance a todos los empleados públicos de la Comunidad.

En este sentido y ante la propuesta de las organizaciones sindicales de continuar con la aplicación de la jornada especial de verano mientras se negocia la aplicación de una jornada ordinaria de 35 horas, las partes se han emplazado a una reunión el próximo jueves día 26 de septiembre

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