El día 14 de noviembre se publicó la Resolución del Concurso Abierto y Permanente de Funcionarios, convocado en el pasado mes de abril. Sin embargo, dicha resolución, aunque definitiva para más de 2.400 plazas, presenta eficacia paralizada hasta que se resuelvan a una serie de procesos judiciales pendientes de resolver que afectan a las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y al Catálogo de Puestos Tipo en los que se basan las plazas ofertadas en el concurso, señala el sindicato.
CC.OO afirma que llama poderosamente la atención este argumento por dos aspectos fundamentales:
-La misma RPT afecta a los puestos de Libre Designación, adjudicados por la administración de forma discrecional que están siendo convocados y resueltos a diario.
-Habría que plantearse qué actividad pública tendríamos si todas las resoluciones que estuvieran incursas en procesos judiciales supusieran la paralización de las actuaciones de la Junta.
Pero además de esto, además de esas 2.432 personas afectadas, existen 269 plazas que no han sido adjudicadas definitivamente. De un modo surrealista, han quedado sustraídas al proceso hasta tanto no se resuelva un incidente de ejecución de sentencia derivado de un recurso presentado contra un concurso del año 2014. CC.OO afirma que, a pesar de todo ello, aún tienen la osadía de hablar de “seguridad jurídica” en el preámbulo de la resolución del concurso. Resulta que no les adjudican la plaza que les correspondería (y que ya veremos si les corresponderá) pero se les quita la posibilidad de optar a otras para las que tienen más derecho que los adjudicatarios definitivos.
Esa supuesta seguridad jurídica va a consistir en una explosión de recursos que van a embarrar aún más el terreno de juego de las relaciones laborales en la Junta. CC.OO ya está asesorando a su afiliación para la presentación de los recursos en vía administrativa previos a la vía contenciosa, reclamando daños y perjuicios y animando a que se soliciten a través de comisiones de servicio los puestos adjudicados y dejados en el cajón. El derecho a la carrera profesional y a la conciliación de la vida personal y profesional está en juego, comenta el sindicato.
Además de ello, esta no es la única que afecta al personal funcionario de esta administración. Estas personas, encargadas de la prestación de buena parte de los servicios públicos que la ciudadanía de Castilla y León recibe, tienen que sufrir que la falta de personal agrave aún más su situación. Cuatro de las provincias presentan más de un 30% de plazas vacantes; otras cuatro cuentan con más de un 25% de vacantes; así, el servicio recae en el resto de efectivos disponibles.
Los datos provinciales de vacantes son los siguientes:
-Ávila: 30,21%
-Burgos: 27,14%
-León: 22,46%
-Palencia: 31,21%
-Salamanca: 27,69%
-Segovia: 31,87%
-Soria: 30,77%
-Valladolid: 26,25%
-Zamora: 26,41%
Y ello en base a una RPT aprobada este mismo año 2019, es decir, supuestamente no hay obsolescencia en el número y clase de puestos existentes; eso sí, esta RPT fue aprobada con la opinión contraria de CC.OO y otros sindicatos y, consecuentemente, impugnada en los tribunales.
Además, buena parte de estas vacantes se acumulan en las zonas rurales, las de la “España vaciada” y que ve como los responsables políticos siguen sin hacer nada, más allá que utilizar palabras huecas como “lucha contra la despoblación” o “preocupación por el entorno rural”, que hacen quedar en evidencia en cada ocasión a quien las pronuncia.
No parece importar mucho a los responsables políticos de turno este hecho, puesto que siguen pendientes de convocar cientos de plazas ya aprobadas en las ofertas de empleo público de 2017 y 2018. Y las jubilaciones se van disparando año a año.
Por poner algunos ejemplos de la situación de escasez de plantillas y la falta de respuesta de los responsables políticos, tenemos que en el cuerpo superior hay 486 plazas vacantes y en la Oferta de Empleo Público de 2018 no se oferta ninguna plaza vacante; lo mismo pasa con las 537 del cuerpo de gestión, 1000 de administrativos o 1800 de auxiliares. Y en los cuerpos de administración especial ocurre lo mismo: ninguna vacante convocada de las 41 existentes de Ingenieros de Montes, 26 de letrados, 10 de archiveros, etc.
A todo esto se suman un cúmulo de desatinos que afectan a este y al resto de colectivos de la administración general de esta administración, como el incumplimiento de las 35 horas, la falta de desarrollo reglamentario de la ley de carrera profesional (los seis meses previstos en la ley ya se han cumplido) o las retribuciones a la cola de las distintas administraciones del país.
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