En el informe de Intervención de 28 de marzo de 2019 sobre “Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Límite de Deuda” en la Liquidación del Ejercicio de 2018, se pone de manifiesto el incumplimiento de la Regla de Gasto de la Diputación, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable de 961.384 €.
Según se advierte en el mismo Informe, este hecho obliga a la Diputación a aprobar un plan económico-financiero que recoja medidas de contención del gasto para uno o dos años a través de un “plan de ajuste”, con propuestas para cumplir la legalidad (de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril).
Como se sabe, la Ley Montoro estableció la regla de gasto como instrumento de disciplina presupuestaria para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. En concreto, la aplicación de esta regla impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB. El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2018, se estableció en el 2,4%.
Aunque la Diputación cumple los objetivos de Estabilidad Financiera y de Deuda, sin embargo el incumplimiento de la Regla de Gasto impide poder invertir con cargo a superávit en partidas necesarias como políticas de desarrollo, empleo, igualdad o juventud, y sólo pueden destinar los remanentes a inversiones financieramente sostenibles. Algo que choca frontalmente con los compromisos de tipo cultural o de desarrollo que el actual equipo de gobierno está comprometiendo con los municipios, como duplicar el presupuesto del Patronato de Turismo, la inversión en el Plan de Desarrollo de Benavente y en la Biorrefinería de Barcial del Barco, el aumento del gasto social o el apoyo al emprendimiento, por poner algunos ejemplos.
A mayores, la regla de gasto puede disminuirse si no se ejecutan las inversiones sostenibles, y la Diputación tiene un grado muy bajo de ejecución de éstas que, según la liquidación de 2018 sólo fue de 3 millones, el 14,6% de 21 millones presupuestados: en carreteras de 10,5 millones presupuestados se gastó 1,1; en caminos rurales de 7,5, se gastó 1,6 y en agua de 3.2 millones se ejecutaron 404.876 €. Porcentualmente, sólo se gastó el 10,6% de lo presupuestado en carreteras, el 21% en caminos rurales y el 12,4% en obras de agua. En el presente año la ejecución de las inversiones incluso se ha ralentizado.
IU considera que la Diputación, con un equipo de gobierno mayoritario del PP, es víctima de su propia medicina: la Ley del ministro Montoro, que le impide gastar en lo que necesita la Provincia; y que en el presente año no ha dudado en incumplir sin hacer un Plan de Ajuste obligado por ésta.
IU preguntará en el próximo Pleno si a falta del Plan económico-financiero, la Diputación ha tomado algún tipo de medidas para cumplir con la Regla de Gasto.
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