CGT denuncia que Educación pretende eliminar 17 puestos de docentes de la enseñanza pública de Zamora

Concretamente en la provincia de Zamora, aseguran que de salir adelante esta propuesta, se perderán un total de 17 puestos

 Cgt presentacion
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CGT ha denunciado, a través de un comunicado, como la propuesta inicial de la Consejería de Educación sobre la modificación de plantilla jurídica para el curso 2020- 21 contempla, un año más la desaparición de decenas de unidades y puestos de trabajo, que este curso se ceba especialmente en el cuerpo de maestros (69 unidades menos y 84 puestos de trabajo menos a nivel regional)

Concretamente en la provincia de Zamora, aseguran que de salir adelante esta propuesta, se perderán un total de 17 puestos en el total de cuerpos. Así en el cuerpo de Maestros, la Consejería pretende suprimir 11 unidades (y no crear ninguna) y 17 puestos de trabajo (y crear 3, lo que hace un cómputo global de 14 puestos menos). En el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, pretende suprimir 8 puestos y crear 6 (3 de ellos, transformaciones de plazas de maestros en puestos de secundaria), lo que hace un total de 2 puestos menos y en el caso de los Profesores Técnicos de FP suprimir 1 (y no crear ninguna).

Esta propuesta de la Consejería tiene lugar en el marco de la mal denominada "negociación" de plantillas entre la Consejería y la Mesa Sectorial de sindicatos, negociación que no es tal, ya que los criterios son los impuestos unilateralmente por la administración.

CGT no participa en la misma, ya que no forma parte de la Mesa Sectorial, pero, en cualquier caso, lo consideran "una pantomima, ya que más que una negociación real, lo que llevan a cabo los sindicatos, es una revisión de que no existan errores en los cálculos que ha llevado la administración según sus criterios, muchos de ellos (ratios, horas, etc. inaceptables)"

Como ya hicieron los cursos pasados, ante la negociación de plantillas jurídicas que se está llevando a cabo, desde CGT reclamanque los criterios utilizados se establezcan con acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales y no sean unos criterios impuestos unilateralmente como ocurre actualmente. 

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