La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zamora ha lanzado un comunicado a las instituciones de Castilla y León respecto a la situación actual marcada por la llegada de la crisis sanitaria del coronavirus. Señalan que han enviado diversos escritos reclamando ayudas para los colectivos vulnerables y analizando las ayudas de la Junta de Castilla y León, las cuales consideran "claramente insuficientes". Este es el comunicado completo:
Como era previsible, una vez que la pandemia causada por el “COVID-19” ha dejado ver su lado más oscuro de desolación y muerte, de inseguridad y miedo, de la vulnerabilidad de la existencia humana, hemos tomado consciencia de la necesidad de defender la vida por encima de mezquinos intereses egoístas a lo Donald Trump o como la patronal de Lombardía (Italia) que se resistieron a cerrar las fábricas a sabiendas que el principal foco de infección estaba en dicha región y, con la boca pequeña, también en nuestro país; de la necesidad de defendernos, los de abajo, las clases populares, de los irracionalismos infames de tipo neofascista a lo Bolsonaro o al españolísimo Vox, y de la derecha más ultra, todos ellos patrióticos carroñeros, para quienes todo vale con tal de alcanzar sus inconfesables fines que no son otros que defender los privilegios de los poderosos, del capital financiero y seamos los “paganinis” de siempre, haciendo que caiga el gobierno de manera antidemocrática.
Hemos vivido el colapso de la atención hospitalaria, la precariedad de las residencias de mayores, la importancia de los servicios públicos, la necesidad de tener un sistema de salud público, universal y con suficientes recursos para afrontar con éxito una epidemia como ésta, hemos visto la importancia de las luchas protagonizadas en la última década por las mareas contra las políticas privatizadoras, contra los recortes en Sanidad, Educación y demás servicios esenciales, hemos vivido con orgullo la entrega y la profesionalidad de lxs trabajadorxs del sistema sanitario, de la solidaridad y ayuda mutua, tan necesarias, la defensa de los DD.HH. para poder tener una vida digna de ser vivida, en donde la PAH tiene todo su campo de acción. Lo hemos vivido junto a conductas egoístas y antisociales minoritarias, sin sentido de comunidad.
En nuestro país, el derecho constitucional a una vivienda digna viene arrastrando incumplimientos clamorosos por los gobiernos de las distintas instituciones y cuyas consecuencias son una emergencia habitacional que se arrastra desde la crisis-estafa inmobiliaria de 2008, saqueo llevado a cabo por el poder financiero, con más de un millón de familias desahuciadas por el impago de la hipoteca o del alquiler. Eso es lo que va a suceder nuevamente si no conseguimos cambiar el rumbo y se exige a los bancos que arrimen el hombro devolviendo el rescate de más de 65.000 millones de euros mediante la entrega de las miles de viviendas vacías que están en sus manos y que hemos pagado todos los ciudadanos.
Sin las luchas de la P.A.H. contra las políticas neoliberales llevadas a cabo por quienes nos han gobernado en los últimas años, el desastre habitacional habría sido muchísimo mayor. En esta nueva crisis, con el consiguiente aumento del paro y de la precariedad, puede suceder lo mismo si el gobierno no se muestra firme en sus compromisos de que nadie se quede en la cuneta y ceda a la presión del poder de los bancos y de los fondos buitres haciendo recaer el peso de la crisis socioeconómica sobre los de siempre, los de abajo.
Las medidas adoptadas por el gobierno, al igual que las adoptadas por la Junta de CyL y el Ayuntamiento de Zamora, en relación con las ayudas a pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda habitual, nos parecen claramente insuficientes al quedar fuera las familias más necesitadas por no ajustarse a las exigencias requeridas, las que trabajaban en la economía sumergida y han quedado en el paro sin ningún tipo de derecho, las personas que viven en pisos compartidos y carecen de un contrato legal y ya no pueden pagar el alquiler por carecer de ingresos. Todos ellos forman un sector de la población abocado a la exclusión y marginación social. Es necesario, como muy bien le ha recordado el Procurador del Común de la Comunidad de CyL en dos sendas RESOLUCIONES enviadas a la Consejería de Fomento en respuesta a las quejas presentadas sobre diversos casos por la PAH de Zamora, una en febrero de este año sobre el caso de una familia monoparental con dos menores a su cargo, con continuas órdenes de lanzamiento que se han ido aplazando in extremis al no tener alternativa habitacional y, la otra, en el mes de abril, la falta de voluntad de la Junta, su inoperancia, junto a distintos Ayuntamientos, incapaces de llevar a cabo iniciativas como poner a disposición de los ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad y exclusión social las viviendas municipales ocupadas ilegítimamente y las vacías que requieren ser rehabilitadas (ni una dotación para ello en las medidas adoptadas) o la creación de convenios con la banca y otros entidades, incluida las Cajas de Ahorros, como la Caja Rural de Zamora, para que no sigan echando a la gente a la calle y cumpla con la Obra Social a la que están obligadas, cediendo las viviendas expropiadas por impago de la hipoteca en alquiler social a las familias desahuciadas; y que de una vez por todas se dote de una Parque Público de Viviendas de Alquiler Social suficiente para atender todas las demandas (en los datos que nos aporta la Consejería de Fomento de la Junta en respuesta a nuestra carta, al nº de viviendas que forman parte del actual parque público de viviendas de alquiler le falta un dato básico que es la cantidad de solicitudes que quedan por atender. En Zamora seguimos esperando la adjudicación de las 4 viviendas destinadas para alquiler social para las más de 135 solicitudes que cumplen los requisitos exigidos; es inexplicable la inoperancia de la Comisión responsable de dicha adjudicación)
Exigimos a dichas instituciones que modifiquen sus políticas y procedimientos (protocolos) para combatir el riesgo de pobreza extrema y exclusión social, aumentando los presupuestos, eliminando marañas burocráticas y condiciones restrictivas. Las instituciones públicas (los servicios sociales) aplican, muchas veces, unas funciones de control social y contención de demandas en lugar de desarrollar la necesaria función de facilitar las prestaciones, los recursos adecuados o los planes para una integración social plena y multidimensional. Actualmente, con los mecanismos informatizados de control fiscal existentes, se deberían concentrar todos los datos personales, familiares, laborales y de rentas para facilitar los trámites. Sin embargo, la conclusión no debiera ser la mercantilización de la asistencia social con la monetización de los servicios públicos: esa es la opción neoliberal de sustituir el Estado de bienestar por un cheque generalizado o un impuesto negativo que administre cada cual. Lo que haría falta es una renovación y ampliación de todos los servicios públicos y, específicamente, los servicios sociales. Se debe garantizar su función mediadora, asistencial, solidaria y de bienestar para la población, particularmente la más necesitada. Queda pendiente una reforma a fondo de la administración pública para hacerla más ágil, transparente e interconectada.
Estos son los objetivos que nos planteamos conseguir:
-Dotar de mayores presupuestos en partidas de vivienda en el ámbito estatal, autonómico y local para hacer efectivas la satisfacción de las necesidades demandadas.
-Ningún desahucio sin alternativa de vivienda digna, independientemente del proceso judicial que lo insta (hipotecario, por impago de cuotas de alquiler, por precario o penal), comprometiendo social y políticamente a este Gobierno y demás instituciones (Junta y Ayuntamientos) para que implemente las medidas necesarias para proteger el derecho a la vivienda de todas las familias, que se contemplan en los sucesivos dictámenes del Comité PIDESC de Naciones Unidas
-Exoneración, en lugar del pago aplazado, en todas las cuotas hipotecarias y rentas de alquiler -con compensación adecuada a pequeños propietarios- en el tiempo que dure la crisis del coronavirus. Debemos impedir que sean las familias quienes se endeuden (nueve de cada diez solicitantes de una moratoria de la hipoteca quedan fuera por no poder cumplir los 4 requisitos que el decreto exige).
-Que las administraciones se doten de manera lo más rápida posible de un Parque Público de viviendas de alquiler social suficiente, mediante la inversión necesaria en los programas de vivienda, y mediante la utilización de viviendas vacías de la gran banca, devolviendo el rescate impagado a la sociedad (65.725 M de € según el Banco de España); expropiación de las viviendas de la SAREB y, también, comprometiendo a los Fondos Buitre y las Socimis (aumento de la fiscalidad, aplicación de la ley de expropiación forzosa de las viviendas vacías, adquisición de las mismas, convenios, etc.).
-Regulación del precio del alquiler de manera efectiva para detener la expulsión masiva de familias de sus hogares
-Condonación de deudas hipotecarias, de las deudas por impago de los alquileres y suministros a familias vulnerables por falta de recursos económicos
-Suministros básicos garantizados: agua, luz y gas. Ahora las grandes empresas deben de asumir los impagos de las familias que se van a ver duramente castigadas por esta nueva crisis que se nos avecina, condonando las deudas y renunciando a una parte de sus inmensos beneficios.
En definitiva, se debe garantizar el derecho a la vivienda a través de la Ley de Vivienda que llevamos impulsando desde la ILP de 2012, incorporando los avances de las diferentes leyes de vivienda de las CCAA, especialmente de la 24/2015 de Cataluña, junto a otros derechos, como una renta social que permita una vida digna y el acceso a la ciudadanía plena de los sectores vulnerables.
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