Juan Gascón, coordinador de IUCyL , ha registrado esta mañana un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante la gran preocupación que tiene la organización por lo acaecido en los últimos meses en las residencias de personas mayores de la comunidad, tanto públicas como privadas.
Desde IU quieren participar en el esclarecimiento en relación con los fallecimientos en ellas producidos bajo la gestión de la Junta de Castilla y León debido a los acuerdos que el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, a través de sus consejerías y gerentes, especialmente de Sanidad y Servicios Sociales, han aprobado en relación con el COVID-19 para las distintas residencias de la Comunidad Autónoma.
A la vista de que desde la presidencia y la vicepresidencia hablan permanentemente de transparencia en la gestión del COVID-19, exigen “la publicación inmediata ante la opinión pública y las Cortes de Castilla y León de los acuerdos que se han tomado en este sentido, así como una comparecencia pública ante los medios de comunicación de Fernández Mañueco, para que explique, en su condición de presidente de la Comunidad Autónoma, a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León cuáles y por qué se han adoptado los acuerdos y resoluciones que han costado la vida de aproximadamente 2.600 ancianos en las residencias de nuestra Comunidad”.
Desde Izquierda Unida de Castilla y León se muestran preocupados por la noticia de las órdenes firmadas por el gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, y el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Carlos Raúl Pablos, en las cuales se daban instrucciones de no derivar a los ancianos de residencias geriátricas de la Comunidad a los hospitales, y “primar su atención en las propias residencias”.
La Orden SAN/331/2020, de 20 de marzo de 2020, y publicada en el BOCYL el día 21 de Marzo, establecía el control directo de los Hospitales y Clínicas privadas por parte de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.
Izquierda Unida de Castilla y León solicitará la siguiente información a las Consejerías de Sanidad y de Familia de Castilla y León:
En la Comunidad de Castilla y León ¿Se ha derivado a alguna persona, desde una residencia geriátrica, entre el 23 de marzo y el 16 de abril del presente año a los hospitales? ¿En base a qué criterios sanitarios o de tipo legal ha sido realizada dicha derivación, y porqué a otras personas de nuestra Comunidad no se les dio esa oportunidad?
IUCyL desea conocer además el tipo de cobertura sanitaria que tenían las personas derivadas desde residencias geriátricas de la Comunidad a los hospitales en ese período: detallado en número y atendiendo a su pertenencia a la Seguridad Social, MUFACE u otra mutualidad, pertenencia a un seguro privado, o si se le trasladó en base a una tarifa directa por atención médica.
Además, señalan que si las órdenes de no derivación de ancianos de residencias geriátricas a hospitales de la Comunidad estaban operativas y los recursos de la sanidad privada se encontraban a disposición de la Sanidad Pública en Castilla y León ¿en qué condiciones se hicieron estos traslados?, ¿fueron permitidos por las Consejerías de Sanidad y Familia o se realizaron sin su conocimiento?
“Si los traslados de estas personas hacia los hospitales se realizaron con conocimiento de las Autoridades Sanitarias de la Comunidad, ¿Por qué se insistía tanto en no derivar a los ancianos de las residencias hacia los hospitales en otras casuísticas?
Si los traslados realizados desde residencias geriátricas hacia los hospitales, bajo cualquier modalidad de seguro privado o previo pago de tarifas de los centros privados, se hicieron sin conocimiento de las autoridades de la Consejería de Sanidad y Familia de Castilla y León, ¿Quiere esto decir que los centros privados no estaban realmente bajo el control de la Sanidad Pública de Castilla y León como emanaba de la Orden SAN/331/2020, al menos en términos de legalidad?”, concluyen.
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