martes. 11.08.2020 |
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El Consejo de Cuentas explica las fiscalizaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de la Fundación Siglo

El Consejo de Cuentas explica las fiscalizaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de la Fundación Siglo
El Consejo de Cuentas explica las fiscalizaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de la Fundación Siglo

En 2018, el gasto en Renta Garantizada de Ciudadanía fue de 72 millones. La máxima cuantía se alcanzó en el ejercicio anterior con 77

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado hoy en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico los informes de fiscalización de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de la gestión de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, ejercicios 2016 y 2017.

El presidente de la institución dio cuenta del trabajo realizado durante el estado de alarma que resumió en siete plenos para la aprobación del inicio de otras tantas fiscalizaciones del Plan Anual 2020, además de dos comparecencias para presentar 6 informes, más el envío de 4 infomes al Parlamento autonómico. Amilivia destacó la “intensa actividad desarrollada” y expresó su “satisfacción por el trabajo efectuado por todo el personal de la institución durante estos meses tan complejos”.

Transcurrido un año de vigencia del Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo de Cuentas, el presidente consideró “conveniente” analizar tanto el resultado de las iniciativas ya impulsadas como las medidas todavía pendientes de aplicación. “Nos mostramos siempre abiertos al diálogo con los grupos parlamentarios, también en relación a recientes iniciativas legislativas que pueden afectar al ámbito competencial de esta institución, y sobre las que ya se han realizado las oportunas alegaciones”, aseguró ante los miembros de la Comisión.

El Consejo de Cuentas, explicó, saluda el acuerdo que representa el “Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León” que, desde un consenso que representa a la práctica totalidad del Parlamento, en su punto 4 respalda la iniciativa que tuvo el Grupo Socialista en el sentido de solicitar al órgano de control externo la fiscalización de la contratación llevada a cabo por la Administración autonómica durante la crisis sanitaria, concretando además su incorporación en el Plan Anual de 2021.

Tras la comparecencia de hoy, precisó, quedarán 7 informes ya aprobados, pendientes de comparecencia, 3 de ellos del ejercicio 2018 y 4 de 2020.

Actualmente el Consejo mantiene 37 trabajos en distintas fases de tramitación correspondientes a 2019 y 2020.

-Fiscalización operativa de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Auditoría operativa, su objetivo central fue el de valorar el cumplimiento de la finalidad de las prestaciones otorgadas y el seguimiento efectuado para evaluar el nivel de eficacia y eficiencia alcanzado en la utilización de los recursos disponibles.

Referida al ejercicio 2015, el trabajo de campo finalizó en diciembre de 2017, examinándose la documentación completa de una muestra de 50 expedientes, 15.000 contestaciones a cuestionarios y más de 6.000 ficheros con unos 40 millones de datos.

El informe, explicó el presidente del Consejo, refleja 40 conclusiones. El gasto total en la prestación ascendió en 2015 a 73 millones de euros, el 9% del total de la Gerencia de Servicios Sociales. Más de la mitad del gasto se realizó en las provincias de León y Valladolid, el 25% en cada una, seguida de Salamanca con el 13%, mientras que en Burgos solamente supone el 7%. Los menores porcentajes recaen en Segovia y Soria con el 4% y 2%, respectivamente. Así, el gasto en la Renta Garantizada de Ciudadanía ha experimentado un crecimiento del 163% desde su entrada en vigor en 2011, cuando el gasto representó 28 millones de euros. (En 2016 el gasto se elevó en 3 millones hasta un total de 76; en 2017, un millón más, hasta los 77, la mayor cuantía alcanzada; y en 2018 se reduce a 72).

Se estima que un 14% de los 11.830 titulares en nómina a 31 de diciembre de 2015 estuvo percibiendo la prestación a lo largo de los 5 años de vigencia de esta Renta y un 8% procede de los antiguos Ingresos Mínimos de Inserción. El tiempo medio que perdura un expediente vivo de esta Renta en nómina se sitúa en torno a 3 años dentro del periodo analizado. En 2015 los titulares en nómina a final de ejercicio ascienden a más del doble que los existentes en 2011 y la cuantía promedio pagada es de 522 euros por expediente. Desde su entrada en vigor hasta 2015 se produjo un descenso global de las solicitudes presentadas de alrededor del 40%, con un repunte en 2013, pasando de 14.719 en 2011 a 8.636 en 2015.

La gestión de esta Renta se desarrolla con carácter general a través de los servicios periféricos de la Gerencia de Servicios Sociales (95 efectivos en 2015 dedicados a esta tarea) y la participación de los centros de acción social de las entidades locales es esencial (en 2015 contaban con 336 efectivos destinados a información, diagnóstico, valoración o seguimiento). El número de resoluciones estimatorias de reconocimiento de esta prestación del ejercicio 2015 fueron 4.253, el 44% del total de las solicitudes, liderando las provincias de León y Valladolid el número de resoluciones concedidas con 1.113 y 1.029, respectivamente. Por el contrario, Soria y Segovia son las que menor volumen de solicitudes reconocieron con 107 y 177, respectivamente.

El tiempo medio que se tarda en resolver un expediente es de 5 meses. Las resoluciones denegatorias emitidas en 2015 ascendieron a 3.929 y constituyen el 41% de las solicitudes resueltas, si bien disminuyen un 16% desde 2011. Las Gerencias Territoriales resuelven las denegaciones mayoritariamente en un plazo igual o inferior a los 3 meses.

En cuanto al seguimiento de la prestación y evaluación de su finalidad, Amilivia significó que las Gerencias Territoriales contaban en 2015 con unas 34 personas para realizar las funciones de seguimiento. De los 194 efectivos disponibles en los CEAS se estima que 86 pertenecen a ayuntamientos, mientras que 108 dependen de las diputaciones. Se constata la escasa relevancia del papel jugado por la Comisión de Seguimiento de esta Renta, configurándose a partir de 2015 como un órgano de participación y formulación de propuestas, más que de seguimiento y evaluación de resultados. No existen sistemas de control y evaluación mediante indicadores ni se realizan informes de evaluación de resultados a efectos de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la finalidad perseguida en cuanto a la atención de necesidades y promoción de la integración social.

El Consejo estima que aproximadamente el 12% de los titulares de la Renta que figuraban en la nómina de diciembre de 2015 se habían incorporado al mercado laboral en septiembre de 2017, mientras que cerca del 60% de ellos continuaban percibiendo la prestación.

En relación a las recomendaciones realizadas, el presidente del órgano de control incidió en el grado de cumplimiento de las seis que fueron emitidas, todas ellas aplicadas parcialmente, a tenor de lo contestado por la Gerencia de Servicios Sociales en abril de 2019. Estas fueron las recomendaciones:

1.- El Consejo recomienda la aprobación de un manual de procedimiento de gestión actualizado y unificado, en virtud de los cambios normativos y de la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la prestación.

2.- Se plantea aumentar el número de efectivos destinados en las Gerencias a la gestión de la Renta, especialmente los dedicados a tareas de seguimiento

3.- Se recomienda a la Gerencia de Servicios Sociales tomar medidas para adecuar los plazos de resolución al procedimiento establecido.

4.- Se plantea a la Gerencia la implementación de un plan anual de seguimiento con equipos propios separados de las funciones iniciales de reconocimiento de la prestación, cuyos resultados se recojan en un informe anual.

5.- Se aconseja a la Gerencia promover actuaciones con el ECyL para potenciar tanto los servicios destinados a los perceptores de la Renta, tratando de iniciarlos en plazos más breves, como las ofertas de empleo dirigidas a ellos.

6.- Se sugiere a la Gerencia la implantación de un sistema de control y evaluación mediante indicadores que permita evaluar el cumplimiento de la finalidad de la prestación tanto en lo referido a la atención de necesidades básicas como a promover la integración.

Teniendo en cuenta la receptividad expresada a las recomendaciones del Consejo, Amilivia las puso en valor en el actual contexto de puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, nueva prestación para cuya aplicación será de enorme utilidad la experiencia acumulada en Castilla y León con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Este Ingreso Mínimo Vital, subrayó, se configura como una prestación “suelo” compatible con las prestaciones que las comunidades autónomas conceden en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad, lo que permite a las comunidades autónomas modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio.

Amilivia se refirió al “Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León”, en cuyo artículo 50 se plantea solicitar al Gobierno de la Nación la gestión del Ingreso Mínimo Vital por parte de la Junta de Castilla y León en los mismos términos y condiciones que el País Vasco y Navarra, garantizando así la igualdad entre las personas, sea cual sea su territorio de procedencia. También mencionó el artículo 49 de dicho Pacto, que plantea en relación a la Renta Garantizada de Ciudadanía que la disminución de gasto que pueda producirse con la implantación del Ingreso Mínimo Vital se destine a incrementar las prestaciones sociales, teniendo en cuenta nuevas situaciones de pobreza a causa de la pandemia.

- Fiscalización de la gestión de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, ejercicios 2016 y 2017. Es un informe aprobado y publicado el pasado mes de diciembre. De acuerdo con los objetivos y alcance establecidos, y como consecuencia de las 30 conclusiones reflejadas en el mismo, el Consejo opina que la estructura de la Fundación es adecuada a la normativa en vigor. En cuanto a la gestión económica, se considera correcta con carácter general, con las salvedades reseñadas en 10 conclusiones relativas a las áreas de contratos, convenios, subvenciones y gestión de personal. Asimismo, se ha comprobado la regularidad de los ingresos obtenidos por la Fundación derivados de la gestión de las actividades.

El Consejo realiza 5 recomendaciones, entre ellas que la Consejería de Cultura y Turismo promueva modificaciones legislativas para clarificar la delimitación institucional del sector público autonómico, conforme a la normativa estatal, y para que el ámbito del registro público de contratos de la administración autonómica coincida con el del sector público estatal. Además, la Consejería debería promover la modificación de la ley de Subvenciones de la Comunidad al objeto de aclarar si bajo la nueva regulación de la Ley General de Subvenciones, las fundaciones públicas de la Comunidad pueden continuar realizando entregas dinerarias sin contraprestación, al mismo tiempo que otorgan subvenciones o si, únicamente, pueden conceder subvenciones.

Por otra parte, se recomienda que la Fundación Siglo promueva la suscripción de convenios con la Consejería de Cultura y Turismo para la gestión del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, del Museo de la Evolución Humana, del centro Palacio de Quintanar, y de actividades culturales previstas en los estatutos pero no recogidas en el convenio marco suscrito en 2002 por la Consejería y la Fundación, en el que se anexaron tres proyectos (Musac, Lengua Española y Orquesta Sinfónica) y en el que se indica que los proyectos futuros deberán plasmarse en convenios específicos o en adendas al convenio marco.

Finalmente, a fin de garantizar los principios de concurrencia, publicidad y transparencia, la Fundación debería considerar cada una de las ferias, exposiciones, eventos y actuaciones que promueve como una unidad funcional diferenciada para contratar de forma conjunta y por procedimiento abierto todos los servicios necesarios, sin perjuicio de la división en los lotes que fuesen necesarios.

Igualmente, añadió, podría contratar de forma diferenciada y mediante procedimiento abierto cada uno de los servicios que deben ser prestados para la celebración de todas las ferias, exposiciones, eventos y otras actuaciones programadas al principio del ejercicio.

En su segunda intervención, el presidente del Consejo actualizó algunos datos e incidió en algunos aspectos relevantes. Comentó que los datos de liquidación presupuestaria son muy semejantes con las últimas cifras que figuran en la Cuenta General de la Comunidad del ejercicio 2018. Así, si en 2017 el presupuesto previsto era de 29,7 millones de euros y se ejecutó 1,9 millones más, hasta los 31,6, en el ejercicio 2018 el presupuesto previsto era ligeramente inferior, 28,9 millones, ejecutándose 3,2 millones hasta alcanzar los 32,1.

En materia de personal, la plantilla se incrementó en 4 personas, pasando de 193 empleados en 2017 a 197 en 2018. El gasto se incrementó de los 7,7 millones de euros a los 8,3 millones.

En segundo lugar, Mario Amilivia recordó que “cuando presentamos en esta Comisión la fiscalización de los procesos de extinción de entidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como consecuencia de la reestructuración de su sector público, ya me referí a la regulación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 sobre el deber de las Administraciones de controlar la procedencia de su sector público institucional”. Subrayó que la norma prevé la obligación, por parte de las Administraciones, de establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes para comprobar que subsisten los motivos que justificaron su creación, así como su sostenibilidad financiera.

En relación a las recomendaciones realizadas por el Consejo, afirmó que se está elaborando el informe sobre el seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2019, y que aún no se dispone de las contestaciones de los entes fiscalizados por razón de la suspensión de plazos administrativos a causa de la pandemia.

Insistió en todo caso el presidente del órgano de control en que:

1.- La Consejería de Cultura y Turismo debería promover las modificaciones legislativas necesarias para que el ámbito subjetivo de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad se adapte al de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. En esta norma deberían incluirse las fundaciones públicas como parte integrante del sector público institucional, definiéndose un concepto de fundación pública en base a tres parámetros diferenciados: la aportación mayoritaria en la constitución inicial; el patrimonio superior al 50%; y la mayoría de los derechos de voto.

2.- La Consejería también debería promover las modificaciones legislativas necesarias para que en el ámbito subjetivo y objetivo del registro público de contratos de la administración de la Comunidad coincida con el del registro de contratos del sector público estatal, con lo que se lograría una mejor coordinación y sincronización entre los registros, y una simplificación y mayor uniformidad de las obligaciones de suministro de información contractual de todas las entidades del sector público autonómico sometidas a la legislación de contratos del sector público respecto de los registros estatal y autonómico y del Consejo de Cuentas.

3.- La Fundación Siglo debería promover la suscripción de convenios o instrumentos similares con la Consejería de Cultura y Turismo para la gestión de los Museos de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, y de la Evolución Humana y del Centro de Creación Artística e Innovación “Palacio de Quintanar”, así como de las actividades culturales previstas en los estatutos pero que no estaban recogidas en el convenio marco de 2002, donde solo figuraban los proyectos “Lengua Española” y “Actividad de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León”.

4.- La Fundación Siglo, al objeto de garantizar los principios de concurrencia, publicidad y transparencia, enumerados en el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debería considerar cada una de las ferias, exposiciones, eventos y actuaciones que promueve como una unidad funcional diferenciada, para, de este modo, contratar de forma conjunta y por procedimiento abierto todos los servicios necesarios para su celebración, todo ello sin perjuicio de la división en los lotes que fuesen necesarios. De la misma forma, la Fundación podría contratar diferenciadamente y por procedimiento abierto cada uno de los servicios que deben ser prestados para la celebración de todas las ferias, exposiciones, eventos y otras actuaciones programadas al principio del ejercicio.

5.- El Consejo señala la conveniencia de que la Consejería de Cultura y Turismo promueva la modificación de la Ley de Subvenciones de la Comunidad para aclarar sin con la Ley General de Subvenciones, las fundaciones públicas de Castilla y León pueden seguir realizando entregar dinerarias sin contraprestación, al mismo tiempo que otorgan subvenciones, o si, únicamente, pueden conceder subvenciones.

Esta recomendación, en lo que afecta a la Fundación Siglo, deja de tener efectos en la práctica pues no consta que en los últimos ejercicios haya tenido actividad subvencional alguna en cuanto a convocatorias en concurrencia competitiva. Amilivia recordó que en una reciente comparecencia del director general de la Fundación, a tenor de lo publicado en los medios, este aseguró que “muchas de las cosas que aparecen en el Consejo de Cuentas hoy en día se han corregido de forma drástica”.

Por ello, el presidente confío que “esperemos poder comprobar en breve si dichos cambios atienden efectivamente a lo expresado en nuestras recomendaciones”.

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