La PAH de Zamora advierte de como el próximo 30 de septiembre se termina la moratoria sobre el pago de hipotecas y alquileres para todas las familias que se han visto obligadas a pedirlas por su situación de vulnerabilidad económica causada por el Coronavirus, en un momento en que nos enfrentamos a una nueva marea de contagios agravando aún más, en todas sus aristas (económica, social, sanitaria, de cuidados, ecológica, …), la crisis civilizatoria que venimos arrastrando con todo lo que ello conlleva y ante la cual el gobierno está poniendo remedios claramente insuficientes y sin tocar para nada los aspectos estructurales que han dado origen a la grave crisis.
A día de hoy es ya evidente que la pandemia, lejos de remitir, sigue golpeándose duramente: aumenta el nº de infectados en todo el país, la Atención Primaria es incapaz de dar la atención necesaria, los hospitales de algunas ciudades corren la amenaza de volver a colapsarse, especialmente en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y Cs, con el apoyo de VOX, el paro, la precariedad, la desigualdad y la miseria aumentan de manera alarmante, los desahucios van a dispararse provocando, si es que no conseguimos pararlos, un tsunami que va a poner a prueba el compromiso del gobierno de que nadie va a quedar atrás.
Tenemos el temor que, al igual que sucedió con la crisis-estafa de 2008, las clases trabajadoras seamos nuevamente los paganinis. Ya sabemos lo que significa: sufrimiento, desesperación, impotencia, exclusión social y miseria para los de abajo, mientras una minoría, las empresas del IBEX 35, se siguen enriqueciendo a costa de la mayoría, haciendo que el Estado, puesto a su servicio por las fuerzas políticas neoliberales, lleve a cabo su estrategia tan simple como eficaz, socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias, mediante cien mil subterfugios.
En algún momento se concibieron esperanzas de que las medidas del gobierno, aunque insuficientes, cuando se aprobó por Decreto-Ley el IMV, iban por el buen camino. Pero han sido tantas las exigencias burocráticas que, a día de hoy, después de los meses transcurridos, solo lo ha recibido una minoría, cuando, como es obvio, las necesidades más básicas de la gente como los suministros básicos de alimentación, vivienda, agua, gas, electricidad, medicinas, etc. no esperan.
Un mal síntoma de que no hay voluntad política por parte de la fuerza mayoritaria que conforma el gobierno (PSOE) para afrontar la crisis desde el bien común es su posicionamiento en relación a la fusión-absorción de Bankia por Caixabank, desaprovechando la oportunidad para la creación de un Banco Público, cuando se contempla en el programa mínimo pactado con Unidas-Podemos, al servicio de un cambio estratégico del modelo económico que se necesita para afrontar los retos planteados por la crisis civilizatoria, puesto que se contaba con la mayoría del capital por parte del Estado (62 % ) debido al rescate de la deuda generada por el fiasco de la “operación Rato” y con el peligro de que los 30.000 millones de euros del rescate, según cálculos de la PAH, se vayan por el desagüe de la socialización de pérdidas, manifestándose una vez más quién manda en este país sin que se presenten a las elecciones.
Con la absorción de Bankia por CaixaBank, está en juego mucho más que las 3.766 viviendas de Bankia del Fondo Social de Viviendas, sino miles de vidas colgando de un alquiler social o de una deuda abusiva. Por ello, desde la PAH, nuevamente exigimos la devolución del rescate bancario y la reparación de la estafa hipotecaria (sobretasación, vencimiento anticipado, cláusulas suelo, de cuota creciente, multidivisa, IRPH…) incluyendo el alquiler social por todos los pisos obtenidos tras miles de desahucios, con garantía de renovación dentro de la obra social.
Mientras esta situación afecta a decenas de miles de familias, se pone en marcha por parte de los sectores más derechista de los medios de comunicación (mejor llamarlos de deformación de masas) y de las fuerzas políticas de la derecha ultra y de la ultraderecha, una campaña que busca generar alarma e inseguridad en la ciudadanía mediante la manipulación, desinformación, bulos y medias verdades sobre la ocupación de viviendas. Esta campaña tiene como finalidad preparar el terreno para la defensa de los intereses de los bancos, fondos de inversión y grandes tenedores de viviendas, desviando el foco de atención de cientos de miles de desahucios cuando hay mas de 350.000 viviendas vacías en manos de la banca y fondos buitres, al fenómeno OKUPA, generando una guerra entre pobres de la que sacar provecho las fuerzas políticas implicadas. La realidad es que las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total. En su inmensa mayoría son viviendas vacías pertenecientes a la banca, grandes tenedores de viviendas y fondos buitres. La cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500, es absolutamente ridícula ante las más de 700.000 familias desahuciadas.
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