Rosa María Herrero, presidenta de la comisión gestora constituida en CSIF Zamora

En un ejercicio de responsabilidad, CSIF ha decidido la suspensión de todos los congresos previstos en Castilla y León, debido a la situación de la pandemia de la COVID-19, y ha nombrado las correspondientes comisiones gestoras de la unión autonómica y de las nueve provincias. En Zamora, Rosa María Herrero es la presidenta de una comisión gestora que completan dos personas más: Pedro Calbarro y Dolores Hernández.

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La Ejecutiva Nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), al no poderse celebrar el VIII Congreso Autonómico de Castilla y León previsto para el pasado día 23 de septiembre, por la situación de la pandemia de la COVID-19, y tal y como establecen los estatutos y el reglamento correspondientes, ha procedido al nombramiento de comisiones gestoras en la Unión Autonómica de Castilla y León, así como en las nueve uniones provinciales, a la espera de que puedan celebrarse los procesos congresuales, cuando la situación sanitaria lo permita.

Así, los nuevos responsables autonómico y provinciales de las comisiones gestoras en Castilla y León son Benjamín Castro Martínez, como presidente de Castilla y León, a quien acompañan como presidentes provinciales Alfonso Sánchez Galán (Ávila), Juan Enrique Olías Sánchez (Burgos), Hipólito Riesco Álvarez (León), Eduardo Laso Vega (Palencia), Federico Marín Mata (Salamanca), José María Guerro Santos (Segovia), Enrique Guiu Crespo (Soria), María José San Román Sotillo (Valladolid) y Rosa María Herrero Vicente (Zamora).

El nuevo presidente de la Unión Autonómica, Benjamín Castro Martínez, sustituye a Carlos Hernando Redondo, que se jubila en la Policía Local de Valladolid y, por tanto, pone fin a años de trabajo sindical en CSIF, en los que ha sido presidente del sector autonómico de Administración Local, presidente de la Unión Provincial de Valladolid y de la Unión Autonómica Por su parte, Benjamín Castro también tiene una larga trayectoria y experiencia sindical en CSIF, puesto que ha sido secretario autonómico de Acción Sindical y, después, presidente provincial de Palencia durante los últimos 12 años.

Además de la obligada sustitución en la presidencia de la Unión Provincial de Palencia, en la que Eduardo Laso toma el relevo, también se han producido cambios en las de Burgos y Soria, donde Juan Enrique Olías y Enrique Guiu sustituyen a Silvia Cámara y a Reyes Martínez, quienes han dirigido el sindicato en sus ámbitos provinciales durante doce y veinte años, respectivamente.

Benjamín Castro recalca que la suspensión del VIII Congreso Autonómico de CSIF ha sido “un ejercicio de responsabilidad, ante los riesgos de contagio por coronavirus”, y que todo el proceso de creación de las gestoras, consecuencia de la decisión de esa suspensión, se ha llevado “con tranquilidad y normalidad, conforme a nuestros estatutos”.

El nuevo responsable de CSIF Castilla y León señala que “en esta nueva etapa que iniciamos, desde la continuidad y con una gran ilusión, nos vamos a volcar en reforzar la acción sindical, desde la cercanía y la participación, dando una especial relevancia a la negociación y a las relaciones institucionales”.

Para llevar a cabo esta labor, en su equipo contará con Ángel L. Barrigón López como vicepresidente y secretario de Acción Sindical; M. Encarnación Pita Solís, secretaria general; Sara Escudero Sainz, secretaria de Negociación; Enrique Vega Méndez, secretario de Organización y Formación; Rodrigo Molledo Díaz, secretario de Relaciones Institucionales; y Regina Álvarez Domínguez, secretaria de Igualdad y Responsabilidad Social.

El presidente autonómico resalta que “el contexto laboral, social y económico está lleno de incertidumbres en este momento, lo que nos obliga a todos, también a las administraciones y empresas, a trabajar más, para encontrar espacios de acuerdo en las mesas de negociación. En nosotros van a encontrarán una actitud colaborativa y de empatía, porque ahí está la esencia de la independencia de nuestro sindicato, pero también de firmeza y determinación en la defensa de los derechos de los empleados públicos y trabajadores de empresas privadas”.

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