La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, planteó la necesidad de abordar la negociación de un nuevo convenio para el SERLA, que sustituya al vencido el pasado 2 de octubre, durante la reunión del Patronato de la Fundación.
Según informó la Junta en un comunicado, esta negociación deberá abordar la colaboración de la Junta con la Fundación SERLA para el desarrollo del III Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León (ASACL), en consonancia con las conclusiones de la comisión paritaria (PP y Ciudadanos) de las Cortes, que analiza los entes públicos dependientes de la Junta, entre los que se encuentra esta entidad.
A la espera de las conclusiones de esta comisión parlamentaria, Carlota Amigo envió un mensaje de "tranquilidad" a los agentes económicos y sociales (UGT, CCOO y Cecale). Aunque el ASACL, como sistema de mediación y conciliación laboral, se inscribe en el ámbito de la autonomía de la negociación colectiva, la consejera manifestó la voluntad de la Junta de seguir apoyando a la Fundación, como recordó ha hecho hasta ahora, para que las organizaciones sindicales y la patronal sigan desarrollando, en el seno de la Fundación las labores de mediación y arbitraje que les son propias, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades.
Paralelamente, la consejera recordó que la Junta cuenta con un servicio público de mediación, arbitraje y conciliación, el SMAC, que realiza esta labor para empresas y trabajadores no afectados por el ASACL y en aquellas provincias donde la Fundación Serla no tiene presencia.
Esta "amplia" red de mediadores públicos, que dispone de una plantilla de trabajadores públicos independientes y expertos en su campo, seguirá según Amigo prestando el servicio de mediación de conflictos laborales, para que trabajadores y empresas cuenten con la prestación en el conjunto de la Comunidad. "Cuestiones todos ellas que deberán valorarse en el proceso de negociación", precisa la Junta en su comunicado.
El Patronato de la Fundación Serla acordó, además, por unanimidad de todos sus miembros, el nombramiento Julio Cordero González como nuevo director de la entidad. En la actualidad es el director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León, que se imparte en la Universidad de Salamanca.
Tiene una "amplia" experiencia como docente y como investigador en Derecho de Prevención de Riesgos Laborales, Derecho sindical y derechos constitucionales laborales. "Su conocimiento y experiencia en este campo hacen que él una persona idónea para desarrollar esta función", según la Junta, por lo que remarcó que contó con el consenso de todas las partes.
Nuevas contrataciones
La consejera celebró este acuerdo, "necesario ante la urgencia y la situación" de la Fundación. No obstante, de cara al futuro, abogó por una modificación del sistema utilizado en la selección y contratación del personal.
En este sentido, defendió Amigo, las nuevas contrataciones deberán regirse por un proceso de selección "claro", "transparente" y que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad. Este cambio, se inscribiría dentro de otra serie de modificaciones que la Consejería de Empleo e Industria pretende abordara través de una comisión que estudie la modificación de estatutos de la Fundación SERLA.
Por otra parte, este viernes se aprobaron las cuentas del último ejercicio, cuyos gastos han sido sufragados íntegramente por la aportación de 773.378 euros por parte de la Junta, destinada al sostenimiento de la Fundación Serla y la asistencia técnica a Cecale, CCOO y UGT.
Por último, y como consecuencia de la renovación de cargos en la Consejería, tomaron posesión como miembros del Patronato: el director general de trabajo y prevención de riesgos laborales, José Antonio Bartolomé, en calidad de vocal titular; y como suplentes, la secretaria general de la Consejería Ruth Valderrama, y el director general de Economía Social y Autónomos, Juan Pablo Izquierdo.
Carlota Amigo plantea negociar un nuevo acuerdo para abordar el futuro del SERLA
La consejera avanza que las nuevas contrataciones de la Fundación deberán regirse por un criterio "claro", "transparente".
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