El pasado 23 de octubre, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, confirmaba en rueda de prensa una serie de medidas limitativas de la movilidad para aplicar en Castilla y León a partir del sábado 24 de octubre, siendo la más destacable el 'toque de queda'.
Vox rechaza, como ha dejado constancia en múltiples ocasiones desde el inicio de la pandemia, cualquier medida cuyo objetivo sea coartar las libertades de los ciudadanos cuando, además, su principal resultado será la destrucción de la ya maltrecha economía.
"Hoy hemos sabido además que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ha ratificado el Acuerdo 73/2020, de la Junta de Castilla y León, por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en Castilla y León, ya que excede lo autorizado por la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública. Por lo que el sábado 24 de octubre, en Castilla y León, se han aplicado unas medidas de manera ilegal, con el agravante de que se han utilizado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que han procedido a levantar sanciones a aquellos que han hecho ejercicio de las libertades recogidas en la Constitución Española, tal y como han publicado medios de comunicación el domingo 25. Del mismo modo, todos los negocios de hostelería y restauración, así como comercios, se han visto obligados a cerrar sus puertas a las 22:00 del sábado sin que se haya tenido en cuenta el perjuicio económico que dicho cierre les ha supuesto por la aplicación de una medida que ya se entendía como ilegal", recalca la formación.
Asimismo, VOX recalca que "nuestra región es uno de los territorios con peores cifras de la pandemia", por lo que requerirá a la Junta de Castilla y León que "asuma las consecuencias de la aplicación de dichas medidas". "Del mismo modo insistirá en la urgente realización de test masivos a la población, en la incorporación de más rastreadores, en el establecimiento de acuerdos con otras comunidades limítrofes para derivar a nuestros enfermos ante el previsible colapso sanitario (otra vez el caos y la incomprensible situación producto del Estado de las Autonomías), en la contratación del número necesario de sanitarios cualificados para hacer frente a la pandemia, en el control efectivo de los contagiados,… y cuantas otras medidas se consideren oportunas para hacer frente a la crisis sanitaria minimizando la repercusión sobre la economía de la región. No se puede parar la región. No podemos obligar a nuestros ciudadanos a elegir entre muerte o ruina", finalizan.
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