STAJ Zamora denuncia la exposición al COVID-19 de los trabajadores que están fuera de las sedes judiciales y pide material de protección

Aseveran que el Ministerio de Justicia, como empleador, no puede obviar, ya que de otro modo actuaría de forma negligente

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Funcionarios de Justicia anuncian movilizaciones si el nuevo secretario de Estado no les presenta una oferta "inmediata"
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El Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia (STAJ) de Zamora ha lanzado un comunicado expresando su preocupación por las condiciones laborales de exposición al coronavirus que tienen lgunos empleados de la administración de justicia. Destacando aquellas que se encuentran fuera de las sedes judiciales, lamentan la actitud del Ministerio a la hora de no dar el material correspondiente para tratar de evadir al coronavirus.

A continuación, el comunicado al completo:

En la administración de justicia hay una gran cantidad de puestos de trabajo que implican el contacto cercano con otras personas, la atención al público, Registro Civil, asistencia a víctimas, celebración de juicios, etc., pero destacan especialmente todos aquellos que realizan actos de comunicación fuera de las sedes judiciales: Compañeros del SCACE, funcionarios de Auxilio de los Juzgados de lo Social y Auxilios de los Juzgados de lo Social, Funcionarios de las Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz en los pueblos, funcionarios de Auxilio de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia, etc.….). Todos ellos han de acudir a los domicilios de los particulares donde, en muchísimas ocasiones, se les recibe sin portar ningún tipo de mascarilla o protección. 

Desde el inicio de la pandemia por Covid, para la protección frente al riesgo de contagio, el Ministerio de Justicia realizó reparto de mascarillas, eso sí, transcurridos varios meses y con deficiencias que fueron posteriormente subsanadas. Las únicas que ha proporcionado a los trabajadores de su ámbito, desde el inicio, han sido exclusivamente mascarillas quirúrgicas. 

Todo ello implica un gravísimo riesgo para su salud del todo intolerable, que el Ministerio de Justicia, como empleador, no puede obviar, ya que de otro modo actuaría de forma negligente. La semana pasada falleció en Burgos un compañero destinado en el SCACE por Covid. Pudo haberlo cogido trabajando o no pero el riesgo de exposición es evidente. 

En estos momentos de extrema gravedad, en que el Gobierno y CCAA han vuelto a declarar estados excepcionales debido al aumento exponencial de casos, es completamente urgente e ineludible que se dote de todo el material de protección necesario y adecuado para no poner en riesgo la salud de los funcionarios que realizan los actos de comunicación en la calle. 

Tampoco hoy y para el ámbito Ministerio se ha elaborado protocolo alguno sobre medidas de prevención frente al Covid-19. ¿Qué medidas preventivas se deben utilizar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo? ¿Qué medidas de protección y protocolos se adoptarán durante la práctica de actos de comunicación y ejecución en domicilios de particulares? ¿Qué equipos de protección individual y otros elementos se pondrán a disposición de los funcionarios para la práctica de estos actos de comunicación y ejecución? 

Los funcionarios están muy preocupados y temen por su salud. Están desprotegidos para la actividad que se realiza diariamente y en algunos casos han procedido a comprar material de protección de su propio dinero.

Nos consta que esta petición ha sido realizada de manera continuada por todos los Delegados del STAJ al Ministerio, Gerencias Territoriales y Unidad de Coordinación de riesgos laborales del Ministerio de Justicia, solicitando exactamente lo mismo que denunciamos ahora. 

Con su actitud demuestra el Ministerio de Justicia la falta total de interés por la salud de sus trabajadores, a los que hace correr riesgos que son del todo inaceptables, vulnerando con ello la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales que establece en su artículo 14: 

“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber de empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente un deber de las administraciones públicas respecto del personal a su servicio” 

DENUNCIAMOS PUBILICAMENTE ESTA SITUACIÓN y EXIGIMOS NUEVAMENTE que se provea urgente y periódicamente de mascarillas, como mínimo FFP2 a todos los funcionarios que realizan actos comunicación fuera de las sedes judiciales de todo el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia.

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