El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, informó hoy a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) sobre el envío en este semestre al Consejo de Gobierno del anteproyecto que modificará la actual Ley de Ordenación Territorio.
Igea compareció ante las comisiones sobre Ordenación del Territorio y Transparencia y sobre el Reto Demográfico, presididas por Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid y María Luisa Belén Antón, alcaldesa de Muriel de la Fuente, según informó la FRMP en un comunicado.
El vicepresidente señaló que elevará al Consejo de Gobierno de la Junta en el primer semestre el anteproyecto de ley por el que se modificará la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (2013) para seguidamente remitirlo a las Cortes. Igea señaló que la simplificación, la flexibilización, la participación activa y la voluntariedad son los cuatro principios que vertebran el borrador.
El nuevo texto simplifica los espacios geográficos. Así, se eliminan las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (UBOST) y se sustituyen por las áreas funcionales y de los cuatro tipos de espacios territoriales que contempla la ley vigente se pasa a dos: Áreas Funcionales (urbanas y rurales) y Zonas de Especial Actuación.
La flexibilización para la constitución de las Áreas Funcionales Rurales es un segundo principio; esto es, desaparecen los requisitos "rígidos" de la actual normativa para la delimitación de este tipo de espacio rural sustituyéndose por criterios que servirán como pautas para el proceso de delimitación.
Además, la Junta asegura que se refuerza la participación activa en el procedimiento para establecer el mapa de Áreas Funcionales Rurales haciéndolo "más colaborativo" por parte de las corporaciones locales, y más participativo por los ciudadanos, asociaciones, organizaciones y agentes sociales, es decir, todos aquellos que desempeñen un papel en el territorio. Por último, el principio de voluntariedad preside el nuevo anteproyecto de ley sobre la constitución de las Mancomunidades de Interés General.
Reto demográfico
Francisco Igea abordó también la actividad sobre políticas demográficas para lo que destacó la "vertebración interna" dentro del Gobierno autonómico de todas las políticas públicas vinculadas con el reto demográfico, la futura Ley de dinamización demográfica cuya tramitación ya ha comenzado y otras actuaciones de interés, como la interlocución con el Gobierno para reclamar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que según la Junta "realmente sea útil", conste de una financiación adecuada y atienda con medidas la necesidad de prestar servicios en el territorio y a los territorios.
Igea recordó que la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, una vez asumida esta competencia, constituyó un grupo interconsejerias de dinamización demográfica como órgano técnico de análisis, coordinación, seguimiento y propuesta de actuaciones en materia de dinamización demográfica formado por representantes de todas las consejerías expresando de esta manera la transversalidad de la materia.
Con la Ley de dinamización demográfica, indicó que busca promover una mayor sensibilización hacia los valores y posibilidades del medio rural, propiciar la diversificación productiva para ampliar la base económica y social del medio rural, fomentar la colaboración público-privada en proyectos de dinamización demográfica y la participación pública en la elaboración, la realización y el seguimiento de planes y actuaciones en materia de dinamización demográfica.
Además, el vicepresidente también se refirió a la labor política e institucional realizada en la Conferencia Sectorial sobre el Reto Demográfico, entre lo que destacó la colaboración en la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfica y a la que, finalmente, en representación de la Comunidad, mostró su desacuerdo.
Transparencia y rendición de cuentas
El vicepresidente también dedicó una parte a las políticas de transparencia, para lo que recordó el objetivo de asentar la rendición de cuentas de todas las políticas autonómicas y de introducir el principio de transparencia.
Así, citó la tramitación del anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, que ha incorporado aspectos importantes a su paso por el Consejo de Cooperación Local y con la interlocución mantenida con la propia FRMP en lo que se refiere al encaje de las entidades locales en su ámbito de aplicación.
Igea precisó que este aspecto es esencial para la superación de los "déficits" de la vigente ley autonómica y destacó que situarán a Castilla y León a un nivel "equivalente" al de la mayoría de las comunidades autónomas del país.
A este respecto, recordó que los plenos de los municipios de hasta 5.000 habitantes serán quienes decidan los contenidos e informaciones a publicar en sus páginas web, a excepción de los que ya resultan obligados por imponerlo así la Ley estatal de transparencia, de cuyo cumplimiento, no puede dispensar la futura ley autonómica.
También, establece para las entidades locales de menos de 5.000 habitantes plazos más amplios para la actualización de la información (frente al criterio general de actualización trimestral, en el ámbito local será semestral) y fija plazos mayores que para el resto de sujetos obligados para la entrada en vigor de las obligaciones de publicidad activa en los municipios por debajo de 20.000 habitantes (un año y no seis meses).
Además, ninguna sanción puede comportar la pérdida del acta de un concejal y modificación de algunos tipos de infracción para elevar el número de incumplimientos a tener en cuenta para calificar con mayor gravedad las infracciones; incluye el principio de autonomía institucional de las entidades locales y su capacidad de autoorganización en la ley; recoge un portal web gratuito para todas las entidades locales de fácil manejo y personalizable atendiendo a las necesidades y requisitos de cada entidad; y por último, incluye el asesoramiento y formación a las entidades locales en este ámbito.
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