Desde la madrileña calle de Alcalá número 24 hasta la puerta del Sol, donde se leyó un manifiesto, más de 220 organizaciones, entre las que figuran Ecologistas en Acción o WWF España, así como algunas de la vecina Francia y Portugal, se han unido a la convocatoria lanzada por Lobo Marley, Equo, PACMA, European Greens y la Alianza Europea para la Conservación del Lobo.
Y es que el marco legislativo europeo, a través de la Directiva Hábitats, obliga a mantener la población de lobo ibérico en un estado favorable de conservación. Sin embargo, denuncian, “la matanza continua de lobos que ejerce la Administración hace imposible cumplir este imperativo legal”.
Las muertes de lobos se derivan de los ‘controles por cupos’ que establecen las distintas comunidades autónomas donde habita el cánido en el norte de España, cada una con distinto criterio legal, pero para una misma especie y en ocasiones una misma manada, “con excusas sin validez científica, como la de disminuir los ataques al ganado”.
“Está más que demostrado que abatir lobos no consigue ese objetivo y además acrecienta el problema”, añaden al tiempo que recuerdan que el lobo “es un carnívoro social que depende del trabajo de equipo para cazar sus presas naturales, y la matanza continua y aleatoria de individuos rompe ese equipo y esa función natural, única e imprescindible como biorregulador de los ecosistemas donde habita”.
La matanza de lobos, denuncian, “perpetúa un modelo económico basado en actividades minoritarias, que solo beneficia a una élite y elimina toda oportunidad de desarrollo de otras actividades que llevarían prosperidad al mundo rural”. “Un lobo vivo vale mucho más que uno muerto, en términos ecológicos pero también económicos”, apostillan y recuerdan que el lobo lleva décadas protegido en Portugal, “demostrando que esa situación es posible y viable pero muchos de esos lobos portugueses son acribillados a tiros en cuanto entran en España”.
A juicio de estos colectivos estas y otras razones hacen urgente la protección total del lobo en toda España con el objetivo de poder recuperar para la sociedad y las futuras generaciones los beneficios de una naturaleza “sana y vigorosa”, en vez de dejar nuestro patrimonio de forma permanente y negligente en manos de minorías insolidarias y, por tanto, en contra del interés general.
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