En Castilla y León, el problema de las agresiones e incidencias de violencia también está presente en los empleados públicos, a pesar de las dificultades existentes a la hora de poder tener datos estadísticos, ya que no existe un registro aunque, precisamente, su creación es una de las próximas medidas del Gobierno, en el nuevo protocolo, según indica el CSI-F.
El Observatorio de Agresiones de la Gerencia Regional de Salud registró 432 agresiones a profesionales sanitarios en la Comunidad durante 2013, un 11% más que el año anterior 2012. De ese total, 80 trabajadores agredidos fueron hombres y 352 mujeres.
El Observatorio detalla que el 63% de las agresiones fueron verbales; el 17%, físicas y el 20%, psicológicas. El número de denuncias presentadas sumaron 39 en 2013, con un incremento de reincidentes del 22% respecto al año 2012.
Por otra parte, el informe de convivencia del curso escolar 2012-2013 en Castilla y León, elaborado por la Junta, señala que 52 profesores acudieron al servicio de asistencia jurídica para situaciones de violencia en el entorno escolar.
Además, otro registro, en este caso referido a las direcciones provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal, apunta que en Castilla y León se produjeron siete comunicaciones de incidentes por violencia en las oficinas de empleo, cuatro en Valladolid y una en las provincias de Ávila, Burgos y Zamora.
CSI-F recuerda que, desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos “han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestionándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social”.
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