UCCL se reunió la semana pasada con todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León para transmitirles su malestar con la Proposición de Ley que, a iniciativa del Partido Popular, quiere regular la obligación de contratar personal en las gasolineras desatendidas, debido a las repercusiones que puede tener en el mundo rural.
UCCL transmitió a todos los Grupos Parlamentarios que debería haber una excepción para Cooperativas y núcleos rurales inferiores a 5.000 habitantes, debido a que este tipo de gasolineras aportan un beneficio social en las zonas rurales porque son surtidores que comercializan pequeñas cantidades de carburantes y son rentables precisamente porque son desatendidas.
“El beneficio que las gasolineras aportan en zonas rurales es imprescindible, ya que por una parte sirven para regular el precio del mercado, y por otra parte porque dan servicios a zonas que se encuentran alejadas de grandes núcleos urbanos, lo que posibilita a la población rural no tener que recorrer largas distancias para llenar el depósito”, explican.
UCCL entiende que esta iniciativa “viene dada por la presión de las grandes multinacionales que lo que pretenden es quedarse con todo el mercado, pero hay que tener en cuenta que existen numerosas gasolineras a las que si se las obliga a contratar a personal dejarían de ser rentables y se verían abocadas al cierre, con el consiguiente perjuicio que esto conllevaría para los usuarios del medio rural”.
Todos los Grupos de la oposición entendieron que la excepción a cooperativas y núcleos rurales inferiores a 5.000 habitantes es imprescindible para asegurar la rentabilidad de estas gasolineras y asegurar un servicio al medio rural, “al que, por desgracia, constantemente se le niegan los mismos derechos que a las ciudades”, espetan los responsables de la organización agraria.
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