Según explica en su propia página web, el Tarcyl es el órgano administrativo competente para el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación y de las cuestiones de nulidad contractual de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, entra dentro de sus competencias analizar reclamaciones como la presentada por el grupo popular y paralizar procesos como ha hecho con el de licitación y adjudicación del servicio de la ORA, los parkings y la grúa de la capital.
El Tribunal está adscrito por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, al Consejo Consultivo de Castilla y León, de modo que el Presidente y los consejeros electivos son, respectivamente, presidente y vocales del Tribunal. Las funciones de secretaría del Tribunal serán ejercidas por quien designe el Presidente de entre el personal al servicio del Consejo Consultivo.
De este modo, el presidente del Tarcyl es Mario Amilivia, exalcalde de León y exdiputado nacional por el Partido Popular. Los vocales son José Ignacio Sobrini, escogido por el PP para el Consultivo, y Francisco Ramos, propuesto por el PSOE. El secretario es Luis Gracia.
Tanto Francisco Guarido como Antidio Fagúndez han evitado pronunciarse este viernes acerca de la composición del Tribunal que ha tirado por tierra su contrato de la ORA, aunque el alcalde ha soltado al respecto un lacónico que "depende de quien depende".
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