La Alianza COAG-UPA ha reclamado reclama una ley para regular la trashumancia de colmenas en la región, tras denunciar un excesivo aumento de los siniestros en colmenas producidos en los últimos cuatro meses. Desde la Organización contabilizan ya diez siniestros producidos por robos y actos vandálicos en Cáceres, Salamanca, Ávila y Zamora.
Ambas organizaciones, tal como han asesorado a sus afiliados, aconsejan a todos los apicultores que sufran actos de este tipo que interpongan de inmediato la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil y comunicación a la Junta de Castilla y León, para evitar penalizaciones por incumplimiento de compromisos tanto de la ayuda agroambiental como en las pólizas de seguros.
Del mismo modo, la Alianza ha criticado el excesivo celo de los ayuntamientos de distintas provincias de Castilla y León y Extremadura, que a través de las ordenanzas municipales "pretenden que la apicultura e convierta en una fuente de ingresos para los propios ayuntamientos y penalizar y castigar a la apicultura trashumante, la más profesional y representativa de de Castilla y León".
En tanto en cuanto Castilla y León ha decrecido en censo en 5.000 colmenas en los últimos cinco años, en ese mismo periodo Aragón ha crecido en 6.000, Castilla La Mancha en 5.000 colmenas, Murcia en 15.000, Andalucía en 60.000 colmenas, y llama especialmente la atención el crecimiento de Extremadura, cuyo censo en ese mismo periodo se ha incrementado en 200.000 colmenas.
Los apicultores castellano-leoneses acogidos a las ayudas agroambientales están obligados a mantener las colmenas en Castilla y León durante cinco meses y a declarar la ubicación exacta de los colmenares con coordenadas UTM, condiciones de control a los que no se ven sometidos otros apicultores que proceden de otras Comunidades Autónomas como Extremadura, Valencia, Castilla- La Mancha y Aragón.
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