Entre la polémica por la llamada reválida de Primaria a la que algunos padres en diversas provincias han boicoteado no yendo, los sindicatos alzan su voz para criticar algunos aspectos de la misma. Todos, de hecho, están de acuerdo en que no es una prueba válida para comprobar el trabajo que se realiza en el centro y que se trata de “una foto fija” dentro de un proceso evolutivo, tal y como comenta Federico Martín, de CSIF.
Él mismo, además, afirma rotundamente que “como parte que son de la Lomce no es que nos convenzan en absoluto” ya que, para ellos, la prueba debería ser aplicada y corregida por funcionares de carrera, algo que no se realizará en Castilla y León “desoyendo un poco lo que se hace en el ámbito nacional, que sí va en esa línea”. Con esto también se evitaría posibles prácticas erróneas en las que se suba la nota a los alumnos o se le muestren las preguntas previamente.
Para CSIF, el único valor que debe tener la reválida es que sirva de orientación para mejorar el progreso del alumno y esta, en cambio, no lo hace. De hecho, se muestra crítico y habla de que lo que se intenta con esta prueba es “vender un producto y la educación no está en venta”. Se refiere a ello por la posibilidad que existe de que en un centro se saque un ocho de media cuando es más importante hacer que los alumnos que saquen doses consigan sacar seises.
Desde STECyL, Carlos Lumbreras asegura que se lleva trabajando duramente en contra de estas reválidas que suponen una “desconsideración al trabajo del profesorado” al tratarse de una prueba externa que está “por encima de su trabajo”. “Es una falta de respeto y de autoridad al profesorado”, afirma. Por otro lado, además, según comenta “es un sistema que pone trabas al alumnado” al no permitir tener una visión de la evaluación continua.
De lo que sí se congratulan es de la rectificación del Ministerio de Educación para que la prueba no tenga valor académico y solo sea de diagnóstico aunque se crea “que por detrás si puede haber unos sistemas de clasificación de ranking. Aquellos que no dan buenos resultados pueden generar más guetos, que ya conocemos”, asegura.
Por su parte, ANPE recuerda que, aunque no se oponga a la decisión de incorporar al sistema educativo evaluaciones externas, “la valoración de las competencias, destrezas y habilidades del alumno y la evaluación de su aprendizaje deben traducirse en refuerzos y apoyos positivos para el alumnado, que le ayuden a alcanzar sus objetivos y no se dirijan a establecer un sistema de clasificación de centros que nos llevaría a una carrera anual para supeditar el aprendizaje a los resultados de las pruebas a los rankings de los centros, perdiendo con ello el verdadero objetivo de diagnóstico y recuperación del alumno para alcanzar el éxito educativo”.
Además, no se considera el mejor contexto político para llevarlas a cabo. “Tal vez sea más aconsejable esperar a la configuración de un nuevo gobierno para abordar el diseño final de las evaluaciones, desde un consenso de mínimos, de manera que evitemos los continuos vaivenes en nuestro sistema educativo. Además, ANPE exige que estos proyectos normativos fueran tratados previamente en la Mesa Sectorial de Educación, órgano legítimo de representación del profesorado para aportar sus propuestas”, afirma Nicolás Ávila Villanueva, vicepresidente de ANPE Castilla y León.
CCOO y UGT van más allá
La Federación de Enseñanza de CCOO ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central contra la Resolución del 30 de marzo de 2016 del Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro para la evaluación final de Educación Primaria. La FECCOO se dirigirá también a la Oficina del Defensor del Pueblo y a la Fiscalía del Menor, por entender que se vulneran derechos de los menores.
La FECCOO reitera su rechazo a las pruebas estandarizadas que promueve la LOMCE. El sindicato considera que están lejos de responder a la necesidad de una evaluación del sistema educativo seria y rigurosa. Denuncian que este tipo de pruebas puntuales y parciales son un desprecio a la evaluación continua que realiza el profesorado. Además, por su formato, no serán útiles para detectar los problemas educativos existentes ni para mejorar los procesos, pero sí contribuirán a estigmatizar a centros educativos y profesorado, según dicen.
Consideran que fomentan de manera innecesaria la competitividad, y superarlas puede convertirse en un objetivo educativo mayor que alcanzar competencias en todas las áreas. Por ello rechazamos su aplicación y las combatiremos desde las iniciativas jurídicas y desde aquellas medidas de protesta consensuadas por la comunidad educativa. También suponen, según CCOO, una forma “indirecta, sesgada y tendenciosa, incumpliendo los preceptos de la LOE”.
UGT, por su parte, ha dicho que apoya la proposición no de ley que presentó el PSOE el pasado mes de febrero en la que se reclamaba la suspensión del calendario de implantación de la Lomce, “una ley impuesta y sin consenso que no da respuesta a las necesidades de nuestro sistema educativo”.
“En este sentido, consideramos que hay medidas de la LOMCE que han de ser paralizadas de forma inmediata, como las pruebas externas de 6º de Primaria, las reválidas de Secundaria o, entre otras, la inclusión de la nota de Religión en el expediente académico”, dicen.
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