La existencia de las Escuelas de Doctorado se recoge por primera vez en el ordenamiento jurídico español en 2011, cuando el entonces Ministerio de Educación publicó el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En dicha norma se establece que las Escuelas de Doctorado pueden estar formadas por una o varias universidades y en posible colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, nacionales o extranjeras, y que tienen por objeto fundamental la organización dentro de su ámbito de gestión de las actividades propias del Doctorado.
En el ámbito autonómico, la Junta aprobó el Decreto 65/2013, de 3 de octubre, por el que se regula la creación, modificación y supresión de Escuelas de Doctorado en universidades de Castilla y León. Este texto, desarrollado mediante la Orden EDU/995/2013, de 26 de noviembre, atribuye a la Administración educativa autonómica la competencia para autorizar la creación, modificación y supresión de las Escuelas de Doctorado, a iniciativa de las universidades. En este caso, la iniciativa ha estado precedida de la propuesta de sus Consejos de Gobierno, previo informe favorable de sus Consejos Sociales.
Estos expedientes cuentan con los informes favorables, tanto del Consejo de Universidades de Castilla y León, como de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
La Escuela de Doctorado de la Universidad Pontificia de Salamanca no se crea en colaboración con ninguna otra universidad, organismo, centro, institución o entidad y su creación no tendrá repercusión sobre los presupuestos actuales de sus respectivas universidades ni requerirá financiación adicional alguna para la Administración de Castilla y León.
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