El portavoz de la Administración autonómica, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno de que son “conscientes de la desproporción” que hay en el precio para pasar la ITV frente a otras comunidades, “el más alto en motos y coches, pero estamos condicionados por la concesión que se hizo hace años”. Por ese motivo, se está planteando una reducción en torno al veinte por ciento que requiere de un complejo proceso administrativo.
La Junta asegura que ya está tomando medidas, congelando los precios desde hace cuatro años, pero “vamos a ir más allá en nuestro objetivo, no por la noticia publicada, sino porque venimos trabajando desde hace tiempo en una revisión del contrato y estamos a falta de un informe del Consejo Consultivo y si su informe es favorable reduciremos el precio, queremos reducir el precio en torno a un veinte por ciento para situarnos en una situación de equilibrio”.
Cabe recordar que las inspecciones oscilan desde los 26,19 euros que cobran en Extremadura por un turismo diésel o gasolina, hasta los 55,72 euros que cuesta en Castilla y León por pasar la revisión a un turismo diésel. En España conviven distintos modelos de gestión, puesto que son las comunidades autónomas las que regulan los sistemas de ITV. Existen las de gestión pública, directa o tutelada a través de una empresa pública, las que trabajan mediante concesión y las que se encuentran liberalizadas. Estos regímenes hacen que existan distintos precios; tarifas y precios privados y tasas. Esto motiva que en algunas comunidades autónomas se aplique IVA y en otras no; que en unas exista un mayor control de los importes, pues las tasas se someten a aprobación pública, mientras que en otras la liberalización del sector, como en Madrid, no tenga establecido un precio mínimo ni máximo.
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