La ley de titularidad compartida de explotaciones agrarias, con la que nuestro país se situó a la cabeza del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el 2011, tiene como objetivo reconocer la labor de todas las mujeres del campo, ofreciéndoles ser cotitulares del medio de vida familiar, cotizar por su trabajo y beneficiarse de subvenciones y prestaciones sociales en igualdad de condiciones.
Cinco años más tarde, las voces que acompañaron a esta ley pionera se han quedado mudas debido a que su impacto ha sido mínimo: únicamente 60 mujeres de Castilla y León, y aproximadamente 7 de Zamora, se han beneficiado de ella. "La igualdad legal no se ha traducido en igualdad real", explicó Ana María Benito, responsable del área de la Mujer en COAG. La falta de información, así como de desarrollo, de la ley ha llevado a que haya un "escaso" efecto en la sociedad, matizó.
Inicialmente, las previsiones que realizó el Ministerio de Agricultura fueron que unas 30 mil mujeres eran candidatas a beneficiarse de esta titularidad compartida, y la realidad es contraria, puesto que según los últimos datos, no sobrepasan las 200 mujeres en todo el territorio nacional.
En este sentido, Benito critica que en algunas administraciones "hay falta de información", puesto que "no saben ni cómo tramitar una solicitud y parece que tampoco les interesa". Además, Benito afirmó que en el campo "trabajan muchas mujeres", pero no están dadas de alta porque necesitan la autorización de sus maridos. Un hecho que, en pleno siglo XXI, le hace un flaco favor a todas las abuelas, madres e hijas que, con su sudor, han regado los campos durante siglos.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios