"Puede ser un diez, pero será un diez en gestión de unos recursos míseros y lamentables", así de tajantes se mostraban los miembros del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública a la hora de calificar el 10 recibido por el servicio de la Junta de Castilla y León que lleva la Ley de Dependencia.
También aportaban datos autonómicos, asegurando que mientras el gasto público por dependiente a nivel nacional es de media 6.665 euros anuales, en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ese dato baja hasta los 5.730 euros. “A todos los dependientes se les está bajando el nivel para reducir el coste del servicios y eso es intolerable y dañino para la salud de las personas”, mantenían.
Además, por último, aventuraban que esta situación se debe a que desde las instituciones se pretende acabar definitivamente con los cuidadores sociales y familiares que hasta ahora se trasladaban a las casas de los dependientes. La nueva fórmula que se está implantando, según sostienen los miembros del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, es la de vincular a estas personas dependientes con las residencias y centros de día, “alejándolas de su ambiente habitual”, finalizaba Jerónimo Cantuche.
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