El auto de la Fiscalía concluye que la actuación municipal se ha ajustado estrictamente a la legalidad y rechaza en consecuencia todas las dudas esgrimida por el decano quien cuestionaba la legalidad del procedimiento elegido y la baja económica como criterio determinante en la adjudicación; además de denunciar un supuesto acuerdo entre los licitadores en base a la vinculación profesional o colaboración puntual que algunos de ellos han podido tener en el pasado.
Frente a todas estas dudas la Fiscalía subraya que el procedimiento seguido se ha ajustado estrictamente a los criterios marcados por los técnicos y por la normativa vigente. En este sentido el fiscal jefe señala la existencia de hasta seis informes técnicos, todos ellos favorables tanto al procedimiento seguido, que es el recomendado por los técnicos, como al criterio de adjudicación, que es objetivo, está justificado y refrendado por la unanimidad de los miembros de la mesa.
La Fiscalía rechaza igualmente la existencia de un acuerdo de voluntades entre las partes o entre los licitadores, teniendo en cuenta que la oferta de los dos primeros adjudicatarios ha quedado excluida por insuficiencia de la documentación presentada.
Hay que señalar además que, según se recoge en el auto de Fiscalía, la denuncia presentada por el decano del Colegio Oficial de Arquitectos se sustentaba únicamente en las informaciones periodísticas. Unas informaciones que recogían a su vez las críticas del grupo municipal de Izquierda Unida, cuyo portavoz pidió públicamente y de forma expresa al Colegio de Arquitectos que presentase la denuncia.
Para el equipo de gobierno esta resolución pone de manifiesto de nuevo la diligencia y honestidad en la gestión municipal y deja clara una vez más la deslealtad institucional del grupo de IU, cuyo único objetivo es el deterioro de la imagen pública del Ayuntamiento.
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