En 1995 el que fuera ministro de Justicia e Interior del PSOE, Juan Alberto Belloch, inauguraba el centro penitenciario de Topas, cuyo coste ascendió a 50 millones de euros. Se trataba de la primera prisión de las consideradas tipo, dentro de los que sería el Plan de Amortización o Renovación de centros.
Construida para albergar a aproximadamente 1.000 internos, según los datos de los sindicatos la población se ha llegado casi a doblar como por ejemplo en el año 2010, cuando albergó entre 1.600 y 1.800 internos. Sin embargo en la actualidad el número de reclusos ha descendido considerablemente motivado por dos razones, el cierre de tres módulos en los que se están realizando obras y también a las extradiciones y a la reforma del código penal en materia de tráfico de drogas.
Pese a que podría parecer que el descenso de reclusos se tendría que traducir en una menor conflictividad, la realidad es muy diferente debido principalmente al perfil de los mismos –el 70% son extranjeros y la mayor parte marroquíes- y también a la reducción de personal de los últimos años. Precisamente es el déficit de trabajadores en los centros penitenciarios uno de los ejes que fundamenta las protestas de la plataforma creada por los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F y que esta misma semana se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca.
Situación actual de recursos humanos
La plantilla del centro de Topas cuenta en la actualidad con cerca de 560 trabajadores entre los que se encuentran los puestos de vigilancia, funcionarios de oficina, de interior, servicios médicos, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, juristas y personal laboral de diferentes tipos. Según los datos facilitados por UGT desde 2012 se han perdido más de 60 puestos de trabajo, con lo que no se puede realizar el trabajo como reglamentariamente marca la Constitución y las leyes para la inserción social de los internos.
En este sentido, CSI-F destaca que se han producido más de 35 jubilaciones, más las que están previstas hasta el verano. A ello hay que sumar los cerca de 40 funcionarios en segunda actividad, que son funcionarios que al cumplir los 57 años dejan las funciones de vigilancia y se incorporan a tareas burocráticas. La última incorporación de funcionarios se produjo en el 2011 con tan solo 60 plazas para toda España. En los dos años posteriores no existió oferta de empleo público en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, y correspondiente al 2014 se incorporarán este verano 70 funcionarios en prácticas, que no podrán desempeñar un puesto de forma efectiva hasta terminar su periodo de formación en verano de 2016.
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