Mediante la modificación aprobada en las últimas horas, se regulan las condiciones reconociendo los máximos que permite la normativa estatal. Así, se fijan en 22 los días hábiles de vacaciones y se recuperan los días adicionales de vacaciones según el tiempo trabajado. De esta manera, los funcionarios contarán con veintitrés días hábiles por quince años trabajados; veinticuatro días hábiles por veinte años trabajados; veinticinco días hábiles por veinticinco años trabajados; y veintiséis días hábiles por treinta o más años trabajados.
Además, se regula el disfrute de los periodos vacacionales de la misma forma que se establecía en los años previos a la última legislatura. Los funcionarios podrán disfrutar de sus vacaciones en periodos que tengan una duración mínima de siete días naturales consecutivos y en un máximo de cuatro periodos, a la largo del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente.
Por otro lado, la modificación afecta a la normativa actual sobre los días por asuntos particulares. De esta manera, se recuperan los seis días y su disfrute se podrá realizar a lo largo del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente. Además, se recupera el incremento de días por antigüedad estableciéndose en dos días adicionales al cumplir 18 años de servicio y un día adicional por cada tres años cumplido a partir de los 24 años de servicio.
El decreto tiene como finalidad adaptar el vigente decreto de jornada y vacaciones al Acuerdo Marco de 29 de octubre de 2015, por el que se recuperan derechos de los Empleados Públicos y se fijan las prioridades en materia de Función Pública para la legislatura 2015/2019.
Tramitación del decreto
El decreto ha cumplido los trámites reglamentarios fijados por la ley. De este modo, ha sido expuesto a participación ciudadana en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta; se ha negociado con los representantes de los empleados públicos, se ha pasado por el Consejo de la Función Pública, con el voto a favor de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), y una abstención; a la Dirección de los Servicios Jurídicos; y ha sido visto por el Consejo Consultivo.
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