Un estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales analiza la información y atención a consultas en materia de certificación energética de edificios ofrecida por las 17 comunidades autónomas y destaca el trabajo de Castilla y León como el segundo mejor valorado, tras el servicio de Navarra.
Desde la puesta en marcha del registro, se han entregado 34.404 certificados con inscripción definitiva en el Registro en el mes julio. Del total de las certificaciones energéticas, 8.125 corresponden a Valladolid, seguida de León con 6.624, y muy de cerca por Salamanca con 6.595. A continuación, figura Burgos que cuenta con 4.359 evaluaciones, Palencia con 2.177, Segovia 1.960, Ávila 1.722, Zamora 1.683 y Soria con 1.159 certificados inscritos en el registro.
Los datos son proporcionales al número de habitantes de cada provincia y a su actividad económica (de servicios, turística o universitaria), por cuanto incide en una mayor construcción de viviendas nuevas, rehabilitación de las existentes y un mayor movimiento de arrendamientos.
Según el tipo de calificación otorgada en las certificaciones a los 34.404 edificios con inscripción definitiva en el registro, la evaluación apunta que un 50 % de los inmuebles ha obtenido calificación ‘E’ en cuanto a las emisiones de CO2 producidas por los edificios. La normativa europea establece niveles de eficiencia energética que parte de la ‘G’ (la menos eficiente) a la ‘A’, la más eficiente. Hay que ser conscientes de que las certificaciones energéticas se hacen en todo tipo de inmuebles independientemente de su antigüedad.
Esto demuestra el importante potencial existente en materia de rehabilitación de edificios, tanto para la incorporación de medidas que aumenten su eficiencia energética, como de medidas constructivas para este fin, con lo que la actividad de profesionales del sector de la construcción se prevé en crecimiento.
La propia Administración autonómica demuestra su compromiso por la certificación energética de edificios, promoviéndola en los inmuebles de la Junta de Castilla y León y centrándose inicialmente en aquellos de más de 500 metros cuadrados de superficie. Para ello, se están fomentando cursos prácticos en certificación energética de edificios y sus sistemas de cálculo, destinados a técnicos de infraestructuras de las consejerías para que sean ellos quienes certifiquen sus propios edificios, según señalan fuentes de la Junta de Castilla y León.
Sistema de control de los certificados
La normativa aprobada establece además que el órgano competente de la comunidad autónoma en materia de certificación energética de edificios establecerá y aplicará un sistema de control independiente de los certificados de eficiencia energética, pudiendo apoyarse en agentes externos autorizados para este fin. En este momento, se está ultimando la puesta en marcha y desarrollo de un sistema de control de los certificados inscritos en el Registro de Certificados de Eficiencia energética de Edificios de Castilla y León. Este control se basará en comprobar la validez de los datos de base utilizados para expedir los certificados de eficiencia energética inscritos en el registro autonómico; verificar los resultados de cálculo de la calificación y, la realización de visitas sin situ a los inmuebles, comprobando la correspondencia entre los edificios o viviendas y las especificaciones que constan en sus certificados, realizando para ello pruebas y mediciones. Durante 2014 y 2015, se llevarán a cabo un mínimo de 801 controles que abarcarán los diferentes tipos de edificios o viviendas.
El edificio bioclimático y de alta eficiencia energética que acoge la sede del Ente Regional de la Energía y los servicios centrales de la Dirección General de Energía y Minas ha obtenido una calificación energética ‘A’, tanto en consumo de energía, tan sólo 54,8 kW-h/m2, como en emisiones de anhídrido carbónico (sólo 13,6 kg/m2). El edificio sólo emite 47,09 toneladas de CO2/año, frente a las 150,71 toneladas de CO2/año que emitiría por un edificio de referencia convencional.
La Junta de Castilla y León realiza labores de divulgación para que se asuma la obligación de optimizar el consumo de los recursos energéticos. Se entiende que esta actitud debería ser un "comportamiento interiorizado, porque es ahorro económico y porque es la manera de cuidar el entorno y el medio ambiente, permitiendo, además, un repunte económico importante del sector de la construcción y rehabilitación", según las mismas fuentes.
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