domingo. 24.06.2018 |
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La Mesa de Negociación de la Diputación apoya una declaración de solidaridad con los empleados públicos catalanes

La Mesa de Negociación de la Diputación apoya una declaración de solidaridad con los empleados públicos catalanes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Zamora aplaude la declaración de apoyo y solidaridad con los empleados públicos de Cataluña, que ha aprobado la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de la Diputación Provincial, con el apoyo unánime de los representantes sindicales y los de la propia Diputación, a una propuesta que ha presentado CSIF.

“La situación de dificultad, incertidumbre y presión que están sufriendo los empleados públicos catalanes, por el proceso de independencia que está imponiendo el Gobierno de la Generalitat, merece que todos los empleados públicos de España apoyemos a los compañeros catalanes”, señala la presidenta de CSIF Zamora, Rosa Mª Herrero.

“Nuestros compañeros catalanes tienen que sentir que no están solos en este momento, que cuentan con todo el respaldo, colaboración y respeto del conjunto de los empleados públicos”, afirma Herrero.

CSIF, que promueve esta campaña de apoyo en todas las mesas de negociación de empleados públicos de España, apoya la posición de los funcionarios y letrados de la cámara catalana, que se negaron a publicar la Ley del Referéndum y advirtieron de su ilegalidad. “Para nuestro sindicato, este es el mejor ejemplo de la independencia, la profesionalidad y el sentido de Estado de nuestros empleados públicos”, considera CSIF.

“Debemos recordar que somos un elemento cohesionador del Estado. Los empleados públicos trabajamos para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho desde el comienzo de la democracia”, afirma CSIF.

Los empleados públicos catalanes, además de sufrir a lo largo de los últimos años, como el conjunto de los empleados públicos, los recortes en sus condiciones laborales, ahora se enfrentan para mayor gravedad a una situación que les genera inseguridad jurídica, como consecuencia del denominado proceso soberanista, lamenta CSIF.

“La primera obligación del empleado público, en cualquiera de las administraciones en las que ejerza su función –estatal, autonómica o local— es la lealtad constitucional y el debido acatamiento al ordenamiento jurídico vigente: la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, recalca CSIF.

Los empleados públicos catalanes, como consecuencia del proceso independentista de la Generalitat, “pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales, y CSIF, como defensor de los intereses de los trabajadores, no va a consentir que se vea afectada su seguridad jurídica, ni las condiciones laborales. En definitiva, que se ponga en peligro la carrera y el puesto de trabajo de un empleado público como consecuencia de una decisión política. Y desde luego, no vamos a permitir que se ejerza ningún tipo de presión o coacción contra un empleado público por el hecho de situarse en el orden constitucional. Los empleados públicos de Cataluña nos tienen a su lado”, asevera CSIF.

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