martes. 24.04.2018 |
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CSIF apoya la decisión “para restablecer el orden constitucional en Cataluña”

CSIF apoya la decisión “para restablecer el orden constitucional en Cataluña”

Desde Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores afirmaban el pasado jueves que la decisión del 155 no era la adecuada y que se debía dialogar buscando una reforma constitucional y una nueva configuración de Estado de carácter federal.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su apoyo a la decisión adoptada por el Gobierno para restablecer el orden constitucional en Cataluña. En este sentido, CSIF ha anunciado que apoyará igualmente las medidas que adopte el Senado en los próximos días, resultado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para garantizar la legalidad y las funciones de la administración catalana, en el ámbito del Estatuto de Autonomía, con el fin de preservar los servicios que reciben los ciudadanos y el normal funcionamiento del Estado.

“CSIF, en el ámbito de su responsabilidad y su representatividad en la administración catalana, trabajará para recabar la información por parte del Gobierno sobre las medidas adoptadas y analizar sus consecuencias sobre el ejercicio profesional de los empleados públicos, con el fin de que velar por sus condiciones laborales”.

“Esperamos que la Generalitat colabore y acepte las medidas que determine el Senado, para devolver cuanto antes la normalidad institucional. En este sentido, CSIF, durante este proceso, velará por la seguridad jurídica de los empleados públicos, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, a través de nuestro protocolo puesto en marcha en 2015”, afirma.

CC.OO. y UGT, silencio a nivel nacional

Los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, por su parte, enviaron un comunicado el pasado jueves, cuando el Gobierno anunció la convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario que ha dado lugar a la activación definitiva del artículo 155 en Cataluña. En este afirmaban que la solución debía seguir siendo el diálogo y que se debía renunciar a medidas de carácter unilateral.

A pesar de ello, sí afirmaban que la decisión del pasado 6 y 7 de septiembre se situaban fuera de la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que la “inacción política del Gobierno y fiarlo todo a la respuesta jurídica y policial es una estrategia irresponsable que conlleva comportamientos autoritarios y que además se ha demostrado absolutamente contraproducente”.

Sin embargo, no compartían el anuncio de la convocatoria del Consejo de Ministros para aplicar el 155 y que se deberían apurar los estrechos márgenes existentes para procurar una solución negociada sin descartar una reunión urgente del presidente del Gobierno con el de la Generalitat para acordar una reconducción del conflicto antes de poner en marcha las medidas contempladas en la Constitución”.

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