El abogado de la acusación particular, Ramón Hernández sostenía que en el caso de los cinco acusado de Lobo Marley debe primar el "principio de legalidad" por encima de la "sensibilidad" que puede suscitar la defensa de una especie protegida. El dueño del coto de caza afectado en el municipio de Figueruela solicita dos años y medio de cárcel así como una suma de 17.000 por daños materiales.
Ramón Hernández, en los momentos previos a la celebración de la vista, sostenía que en este juicio debe primar el "principio de legalidad" por encima de la "sensibilidad". Y es que, el propio abogado de la acusación reiteró que “la resolución de este caso debe dirigirse en la necesidad de esclarecer si los cinco acusados han cometido en un hecho delictivo tipificado como un delito de daños y lo demás es absolutamente irrelevante al procedimiento".
Con estas palabras Ramón Hernández sugería que todos aquellos que estén en contra de las técnicas de caza que se practican en Zamora, tienen a su "disposición la vía de la jurisdicción ordinaria para hacer valer sus pretensiones pero no actuar ilegítimamente perjudicando intereses particulares, porque Zamora es una provincia que tiene recursos propios y debe mantenerlos".
Con estas palabras el abogado de la acusación particular reiteraba que no se puede permitir que un grupo de personas "ejerciten un derecho, que desconozco, conculcando el derecho de otras personas y ese va a ser el riguroso planteamiento que va a mantener en el proceso judicial".
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios