Las Asociaciones Profesionales Representativas de la Guardia Civil han criticado el documento presentado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el que establece una cifra máxima para la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "total y completa" de 1.500 millones de euros en tres años, pero donde no se establece una cifra mínima.
Las quejas, por tanto, van encaminadas a que no hay cifra concreta para los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y "solo un compromiso político de impulsar la financiación de la equiparación".
Por otro lado, afirman que no habrá una subida lineal para los guardias civiles, sino que esta subida saldría de la comparación puesto a puesto entre mossos y guardias civiles y "se haría efectiva en tres años a razón de un tercio de la cantidad resultante de la incierta negociación y siempre con el límite máximo de 1.500 millones de euros, aunque esa equiparación real exigiese una cantidad mayor".
Además, también critican que se exija desde el Ministerio del Interior que las asociaciones profesionales representativas se comprometan a aceptar la sustitución de cualquier derecho de carácter sociolaboral "para lo bueno y para lo malo", poniendo como línea roja el carácter militar de la Guardia Civil.
Ante ello, exigen 500 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 dedicado a personal ya que dicen creer "que a una mesa de negociación se va con dinero en la cartera y no con el compromiso de impulsarlo o solicitarlo, que es lo que se establece en el acuerdo que pretende que firmemos".
Y sobre los derechos, no admiten su supresión después de su adquisición "con mucho esfuerzo durante tantos años". "Nuestro compromiso es total por la equiparación salarial, para que los guardias civiles puedan alcanzar la justicia retributiva que se merecen y que se nos ha negado durante tantos años".
Los guardias civiles se muestran decepcionados ante el acuerdo presentado por Interior para la equiparación salarial
El ministro Juan Ignacio Zoido ofrecía hasta 1.500 millones de euros para que en tres años policías y guardias civiles cobren lo mismo que los Mossos. Desde las Asociaciones Profesionales Representativas de la Guardia Civil exigen 500 millones de euros ya en 2018 y no admiten supresión de derechos.
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