La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y las principales organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León reclamaron hoy al Ministerio de Agricultura una mayor flexibilización de las exigencias de la Política Agraria Común (PAC) ante el inicio de la sementera y el incremento de los costes que soportan las explotaciones.
El consejero del ramo, Joaquín Antonio Pino, alcanzó un acuerdo con Asaja, Alianza UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) para trasladar al Gobierno central una batería de modificaciones después de que la Junta aplicase, según defendió, “todas las flexibilizaciones que permite la normativa dentro de sus competencias”, como recoge Ical.
Pino recordó que las organizaciones agraria solicitaron en el último Consejo Agrario Regional, celebrado durante Salamaq, que la Junta flexibilizara “al máximo” los requisitos de la PAC. Tras las medidas adoptadas por la Comunidad, señaló que ahora “le toca al ministro mover ficha”.
“Queremos libertad para el agricultor, para el ganadero, que pueda tomar sus decisiones y que pueda ver lo que más se adapta a cada tipo de explotación”, manifestó el consejero, quien criticó la “compleja maraña burocrática” de los ecorregímenes y de la condicionalidad.
Entre las medidas ya adoptadas por Castilla y León, Pino destacó las flexibilizaciones publicadas el 28 de septiembre y las autorizaciones concedidas durante el verano para adelantar la cosecha de cereal acogido a espacios de biodiversidad y permitir también la recolección del girasol.
La petición elevada ahora al Ministerio pretende “ir un paso más allá”. Entre otras cuestiones, reclama cambios relacionados con los barbechos considerados espacios de biodiversidad y una mayor capacidad de decisión para adaptar las siembras a las características y rentabilidad de cada explotación.
El representante de Alianza UPA-COAG, David Garrido, explicó que una de las propuestas consiste en considerar conjuntamente el secano y el regadío de una misma explotación para cumplir los porcentajes exigidos por la PAC.
“Castilla y León es muy diversa, tenemos muchas comarcas y no podemos hacer las mismas normas para toda Castilla y León”, defendió Garrido. También reclamó que el barbecho pueda computar dentro de la práctica P5 de espacios de biodiversidad.
Garrido puso como ejemplo el incremento de la superficie dedicada al girasol, un cultivo que, según señaló, se está mostrando “más rentable” que el cereal en determinadas zonas. “La normativa tiene que ir adecuándose a la realidad agronómica y de rentabilidad que tiene el campo, no al revés”, resumió.
Hasta 1.000 euros el coste por hectárea
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, advirtió de la situación económica a la que se enfrentan los agricultores al comenzar la sementera y comparó los costes actuales con los de hace cinco años.
Según sus cifras, mientras en 2021 sembrar una hectárea de secano suponía entre 500 y 600 euros, actualmente el desembolso se sitúa “entre 900 y 1.000 euros”. Los fertilizantes, añadió, pasaron de unos 300 euros por tonelada a alrededor de 800.
“Así no se puede sembrar. Trabajando nos arruinamos”, aseguró Dujo, quien reclamó ayudas tanto al Gobierno central como a la Junta para “compensar el incremento de los costes del gasóleo y los fertilizantes”.
El responsable de Asaja agradeció, no obstante, las flexibilizaciones adoptadas por la Consejería y que Pino liderase la petición conjunta dirigida al Ministerio. “Cada agricultor sabe en su explotación lo que puede producir teniendo los menores costes y los máximos ingresos”, defendió.
Dujo pidió eliminar obligaciones que “incrementan los gastos de las explotaciones sin aportar rentabilidad” y defendió la posibilidad de realizar quemas controladas y autorizadas de rastrojos como herramienta frente a determinadas plagas.
El miembro de la Ejecutiva de UCCL, Valentín García coincidió en reclamar que las obligaciones de la PAC se adapten a las condiciones reales de cada territorio.
“Lo que debería importar es que no se pierda ni una sola explotación agrícola y ganadera en Castilla y León”, afirmó García, quien recordó que las ayudas de la PAC son actualmente “imprescindibles para garantizar la viabilidad de numerosas explotaciones”.
UCCL insistió además en la necesidad de que cualquier modificación llegue inmediatamente. “Si nos lo dicen en febrero, cuando ya hemos sembrado, poco sentido tiene”, advirtió García.
Pino compartió la urgencia de la petición y reclamó al Ministerio una respuesta ágil pese al nuevo escenario político. “Lo tiene que hacer rápido porque la sementera está aquí. No puede ser que esto se resuelva a finales del mes de noviembre”, afirmó.
El consejero defendió que las modificaciones podrían “beneficiar no solo a Castilla y León, sino a agricultores y ganaderos de toda España, al permitir una planificación de las siembras de otoño con mayor flexibilidad”.
Cuaderno digital y costes de producción
Pino aprovechó además para reiterar el rechazo de la Consejería al cuaderno digital de explotación previsto para el 1 de enero y reclamó una futura PAC “con un presupuesto fuerte” dirigida principalmente a los profesionales del sector.
También anunció que el próximo estudio de costes que presentará la Consejería será el correspondiente al sector lácteo, que ya está preparado. A este se sumará el estudio de la uva del Bierzo y, posteriormente, otro dedicado al maíz.
El objetivo, explicó, es proporcionar referencias de costes para favorecer el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos. Pino avanzó además que la intención es continuar el próximo año con estudios correspondientes a los distintos subsectores agrícolas y ganaderos.
